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La violencia como política

México comparte un rasgo esencial con otros países de las Américas: la violencia como forma de política pública. México comparte un rasgo esencial con otros países de las Américas: la violencia como forma de política pública. Esta...

8 de noviembre, 2016

RHT

México comparte un rasgo esencial con otros países de las Américas: la violencia como forma de política pública.

México comparte un rasgo esencial con otros países de las Américas: la violencia como forma de política pública. Esta forma clásica y anquilosada de entender la seguridad pública es particularmente latinoamericana; es una herencia de las dictaduras sufridas en el continente hace unas décadas.

Esta problemática no es menor cuando el propio Estado sigue concibiendo a una de sus funciones centrales (la seguridad) como un tema de garantizar las nociones abstractas de “orden público” o “seguridad interior”, sin entender que su objetivo central, es en realidad garantizar la seguridad ciudadana como presupuesto necesario para el ejercicio de los derechos humanos.

El fracaso de la política de seguridad en México, conlleva efectos no deseables en sociedad democráticas, en tanto el Estado intenta promover la violencia como política que sustituye a la seguridad, esto es, cuando las autoridades no logran garantizar una protección básica a su ciudadanía, el discurso de los derechos humanos con frecuencia es deslegitimado y banalizado.

Por ello, no sorprende que las políticas públicas de prevención y combate a la inseguridad sean articuladas desde la lógica de la violencia, la militarización, y las armas. Como consecuencia de esta lógica, México tiene índices de letalidad similares a países que se encuentran en situación de conflicto armado como Siria o Sudán del Sur.

Los niveles de violencia provocados desde el interior del Estado, generan una profunda interiorización de la violencia a tal grado que la propia sociedad asume dicho discurso como una forma de solución a los problemas de inseguridad.

Por un lado, el propio Estado hace de la “guerra” y el combate armado un discurso político y por el otro la ciudadanía exige que ante la “ausencia” del Estado se le permita portar armas en sus casas, vehículos o en la calle, en ejercicio del falaz “derecho a portar armas”.

El problema forma parte de las dos caras de la misma moneda. En México las autoridades militares tienen un alto grado de impunidad, no suelen ser sometidos a controles judiciales, ni tampoco a controles administrativos, y menos a que su actuación sea supeditada a un mando civil; asimismo, la sociedad mexicana quiere tomar ese mismo camino, el de la violencia, el de las armas: la lógica de la guerra.

Hay que decirlo clara y contundentemente, la lógica de la militarización y la violencia, no son compatibles con los derechos humanos ni con una sociedad democrática. Por el contrario, la verdadera instrumentación de políticas de seguridad ciudadana exige focalizar a la persona y el ejercicio de sus derechos como eje central, y para ello, debe reducir considerablemente los niveles de violencia desde el interior del Estado y la sociedad misma.

En suma, toda política que esté sustentada en la violencia como forma de combate, está irremediablemente destinada a fracasar, a generar altos niveles de impunidad y como consecuencia de ello, violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

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