El 3 de abril del 2014 la Cámara de Diputados declaró electos a los once integrantes del nuevo Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Y, ahora, enfrentan su primera…
El 3 de abril del 2014 la Cámara de Diputados declaró electos a los once integrantes del nuevo Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Y, ahora, enfrentan su primera crisis interna, en tan solo diez meses después de su nombramiento.
Se nos dice que en la sesión del miércoles 18 de febrero, los partidos PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Social y el Partido Humanista, siete de los diez partidos con registro ante el INE, abandonaron dicha sesión.
El motivo fue porque el Consejo del INE tomó la decisión de postergar la discusión relacionada con determinar las reglas para que los programas sociales no se utilicen con fines electorales, así como los gobiernos de las diversas entidades federativas ejerzan con rectitud los recursos públicos antes de que formalmente inicien las campañas políticas.
Todo parece ser que la contrariedad al interior del Consejo del INE es por cumplir con los compromisos, tendencias o preferencias políticas de los integrantes del Consejo, es decir, contrario a tomar decisiones equitativas que la ley en materia electoral les obliga a cumplir.
El cumplimiento de la ley, tal y como lo describe el texto constitucional, implica que: “El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño…”. Y, “en el ejercicio de su función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores”.
Además, que: “Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
O, bien, como la ley electoral señala que constituyen infracciones la “utilización del programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato”.
En definitiva, estimado lector, la Constitución establece que el: “Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos”. Sin embargo, todo aparenta indicar que la grilla al interior del INE, apenas comienza, pues las campañas electorales de los candidatos de los partidos políticos y de los candidatos independientes, aún no dan inicio formalmente.
Así que, estimado lector, al parecer el nuevo Consejo del INE, como órgano encargado de organizar las elecciones del 2015, enfrenta su primera crisis. Las diferencias de los acuerdos y decisiones entre consejeros y los representantes en el Consejo de los siete partidos, exterioriza su primera prueba en la toma decisiones.
Para solucionar la crisis, la negociación política es el factor determinante, por ende, se nos dice que los salvadores son los dirigentes del PRI, PAN y PRD.
En fin, los Consejeros del INE fueron designados por los diputados y sus partidos políticos. Siendo así, y por encima de todo, entonces a manera de reflexión cabe preguntarse: ¿Será posible qué primordialmente obedecen a los intereses políticos de quien les designo?
Al tiempo, tiempo…
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