La PGR muestra eficiencia, hay otros casos pendientes

La Procuraduría General de la República (PGR) ha actuado con celeridad inaudita para tratar de esclarecer el caso de… La Procuraduría General de la República (PGR) ha actuado con celeridad inaudita para tratar de esclarecer el caso...

2 de marzo, 2018
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La Procuraduría General de la República (PGR) ha actuado con celeridad inaudita para tratar de esclarecer el caso de…

La Procuraduría General de la República (PGR) ha actuado con celeridad inaudita para tratar de esclarecer el caso de lavado de dinero en el que supuestamente está involucrado el candidato presidencial del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya. A 54 millones de pesos asciende el monto de los recursos que se presuntamente se manejaron en la operación.

Ojalá la dependencia que hoy conduce Alberto Elías Beltrán hubiera actuado así en el pasado reciente para resolver con la misma velocidad otros casos que involucran a distinguidos priistas que son acusados de diversos delitos, ciertamente más graves del que presuntamente cometió Anaya.

Sorprende la rapidez con que la PGR localizó el paradero de Manuel Barreiro, el empresario queretano que acusan de lavar los 54 millones. Sólo un día le tomó a la PGR ubicarlo en Canadá.

Lo anterior contrasta con el caso del ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, quien desapareció el 3 de octubre de 2016 y aún no ha sido localizado después de 516 días. Hay 11 distintas acusaciones en su contra, entre ellas la de desviar por lo menos 1,200 millones del erario estatal.

Tampoco olvidemos que el ex gobernador de Veracruz, el también priista Javier Duarte, estuvo prófugo durante 186 días después de desaparecer en octubre de 2016. Fue capturado en abril del año pasado y ahora es juzgado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Además, hay otras tres órdenes de aprehensión pendientes en su contra por diversos delitos, entre ellos delitos electorales, peculado y abuso de autoridad. De acuerdo con la PGR, desvió por lo menos 35,421 millones de pesos de recursos estatales y federales entre diciembre del 2010 y octubre del 2016.

En la lista de quienes evadieron ser localizados por más de un día figura el exgobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge, capturado en Panamá en junio de 2017. Hoy está sometido a juicio acusado de lavar 900 millones de pesos. Su sucesor en el cargo, Carlos Joaquín, ha dicho que Borge se robó más de 10,000 millones de pesos.

¿Y qué decir del ex gobernador tamaulipeco, el también priista Tomás Yarrington?  Buscado desde agosto de 2012, fue capturado 1,686 días después en Florencia, Italia, en abril de 2017. La policía italiana lo arrestó atendiendo una solicitud de extradición del gobierno estadounidense que lo acusa de narcotráfico y lavado de millones de dólares que le dio el Cártel del Golfo. En este caso la PGR aparentemente no actuó.

La PGR debe ser felicitada por demostrar que, cuando quiere, investiga delitos y localiza sospechosos en tiempos mínimos. Ahora que se ha vuelto eficiente, sería bueno que investigue con la urgencia demostrad en el caso Anaya a 22 gobernadores y ex gobernadores priistas, incluidos los arriba mencionados, que han sido acusados de desviar o robarse, en conjunto, 258,000 millones de pesos.

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