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La ONU y los derechos humanos en México

4 de febrero, 2015

RHT

Las repercusiones internacionales por el caso Ayotzinapa han atraído una atención sobre los derechos humanos en nuestro país que al menos debe resultar incómoda para el gobierno mexicano. En esta incomodidad llegó ante el Comité contra Desapariciones Forzadas, de la ONU. De acuerdo a la información de los diarios, el representante mexicano no contestó satisfactoriamente a ninguna de las preguntas o intervenciones sobre el tema. No se sabe el número real de desaparecidos, al parecer tampoco hay una metodología para definir ese número, no hay una ley contra desapariciones forzadas, no hay un trato digno y justo a las víctimas. En pocas palabras, parece no haber interés gubernamental al respecto.

Hay que recordar que México es signatario de la convención contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, que entró en vigor en 2010. Por supuesto, como suele suceder en estos casos, el jefe de la delegación oficial de México, el subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, contestó en el lenguaje diplomático de estas reuniones y se comprometió a que en junio habría una ley en materia de desapariciones forzosas. Sin embargo, este compromiso será de difícil cumplimiento. Primero habrá que hacer una reforma constitucional y posteriormente la ley complementaria, antes de que termine este periodo legislativo en abril. Mal panorama. Las posibilidades de que haya un periodo extraordinario antes de junio para tratar el tema en un año electoral se ven muy cuesta arriba. Muy probablemente México incumplirá este compromiso.

En Ginebra, México reconoció la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, como es el caso de Ayotzinapa. Pero en casa el asunto toma otra dimensión. A los medios mexicanos el interés por lo que sucedió en Suiza les duró menos de 48 horas y el gobierno simplemente ya pasó a otro tema. Por las características de este tipo de comités de la ONU, es probable que se hagan recomendaciones y que haya una visita de representantes de la ONU para ver situaciones concretas. Las posibilidades de que haya una condena son lejanas. Lo cierto es que a la gente de a pie tampoco parecen importarles mucho las violaciones a los derechos humanos, a pesar de que las sufrimos continuamente hasta en pequeños detalles.

El gobierno de la República debía asumir con energía (y presupuesto) la defensa de los derechos humanos, la identificación de los miles de cadáveres encontrados en fosas clandestinas y el saber qué pasó con las personas que no aparecen, probables víctimas de desapariciones forzosas. No por el temor a ser juzgado por la ONU, sino por iniciar un proceso de reconciliación nacional con algunas de las comunidades más golpeadas por los abusos.

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