La grave crisis de derechos humanos y la reticencia estatal

En el año 2014 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (Juan Méndez) visitó México… En el año 2014 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura...

22 de octubre, 2015
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En el año 2014 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (Juan Méndez) visitó México…

En el año 2014 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (Juan Méndez) visitó México con la invitación del Gobierno mexicano. En las Conclusiones Preliminares1 de dicha visita el Relator observó que en el país “persiste una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos”. La respuesta del Estado mexicano fue dura, el ex subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, calificó al Relator como “muy irresponsable, poco ético”.

Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015. La CIDH observó la situación de derechos humanos en el país. Se entrevistó con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno, y se reunió con representantes de la sociedad civil, órganos autónomos, organismos internacionales, académicos y periodistas. Asimismo, recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.

En las Observaciones Preliminares que elaboró la CIDH, constató en el terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, afirmando que ésta se encuentra “caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros”.

De nuevo, el Estado mexicano se mostró reticente ante esta realidad y a través del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación afirmó que lo dicho por la CIDH les parecía un “exceso” y un “despropósito”.

Asimismo,  los días 4 al 7 de octubre del 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, visitó México, concluyendo que existe un panorama desolador sobre la situación de derechos humanos en que viven millones de personas en México. Puso de relieve la brecha que existe entre la avanzada normativa y la situación real que viven los mexicanos en materia de derechos humanos.




En este punto,  debe quedar claro que existe un consenso internacional sobre la grave crisis de derechos humanos que vive México, sin embargo subsiste una intolerancia abierta por parte del Estado Mexicano a la crítica. Las autoridades mexicanas tienen una manifiesta incapacidad de reconocer la situación de los derechos en el país.

Ante tal indolencia estatal hoy más que nunca, debe recordarse que en la esencia de un estado constitucional debe operar un cambio decisivo en la relación entre la política y el derecho. La sujeción de la producción del derecho en su totalidad está sujeta a límites y vínculos establecidos por el derecho mismo. Los derechos humanos operarían entonces, precisamente, como límites y vínculos impuestos a cualquier clase de poderes, públicos o privados.

La sociedad civil, la academia, y la ciudadanía en general deben generar sistemáticamente canales de contestación ante la intolerancia del Estado. Los derechos humanos, más que nunca son la clave de bóveda que guie y controle al poder, pues al fin y al cabo, bien decía Luigi Ferrajoli –reconocido filósofo del derecho-  “resultan falsas las ilusiones sobre la existencia de poderes buenos que den cumplimiento espontáneo a los derechos”. El poder público en México, no es la excepción.

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[1] Disponible en: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/Approved-FinalConclusionesPreliminares_2deMayode2014_VisitaSRTMexico.pdf

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