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La disputa por las telecomunicaciones o crisis democrática

10 de julio, 2014

AdminRHT

La discusión sobre las reformas a la ley de telecomunicaciones revela claramente las deficiencias de la democracia mexicana: los intereses privados priman sobre el interés general. Esta debacle se explica, en parte, porque los partidos entregan escaños en el Congreso a las grandes empresas para promover sus intereses: la “telebancada” es un ejemplo. No se trata de un mecanismo para garantizar la pluralidad –que es connatural a todo sistema representativo–, pues para ello existen figuras como el cabildeo, que garantizan el derecho de los particulares a defender e influir a favor de sus intereses. Este medio que disponen los partidos para asignar curules a los poderes fácticos destruye por la puerta de atrás el esfuerzo para limitar la influencia del dinero en el financiamiento a las campañas políticas. El hecho revela la fragilidad de nuestra democracia, que es a la vez cara y gravosa.

Por ello no es extraño que la encuesta que publicó el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la calidad de la ciudadanía en México muestre que la desconfianza al legislador descuella entre el recelo que los mexicanos tenemos hacia la política. El desprestigio de la política es trágico. ¿Qué queda cuando los canales de representación política no funcionan como medio para fortalecer los intereses comunes de los mexicanos o se tuercen para favorecer a muy pocos? Me parece que larespuesta es desalentadora: se destruyen los cimientos de la cohesión social y se atenta contra la estabilidad política y la paz pública. La esperanza es corregir el rumbo, pero un eventual cambio no aliviará el costo político, social y económico, pues hoy se legisla para el futuro: las leyes en telecomunicaciones y energía definirán el país del mañana.

El otro gran asunto de este periodo de reformas constitucionales y legales es que el Congreso abdicó a una buena porción de su función legislativa a favor del gran legislador del pasado: la Presidencia de la República. No se trata de quitar al presidente la facultad de enviar iniciativas de ley a las cámaras, sino de la clara deficiencia técnica de diputados y senadores para elaborar leyes de hondo calado social. Es constatable que el Legislativo carece de un sistema de asesores capacitado para atender a los asuntos públicos: las asesorías se otorgan a los amigos. Por ello no existen estudios del efecto en el consumo y la inversión si se legisla por sector o por servicio en telecomunicaciones. Se legisla a ciegas. Se trata del consumidor, del productor y también de la pluralidad política: el interés general habla de equilibrio, no de exclusión, para lograr el bien común. Privilegiar a uno puede arruinar al otro.

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