En el pasado proceso electoral sobresale un fenómeno digno de análisis: el voto se dispersó…
En el pasado proceso electoral sobresale un fenómeno digno de análisis: el voto se dispersó entre numerosas fuerzas políticas. Los partidos grandes retrocedieron en términos relativos. En el ámbito federal, el gobierno se ufana de conservar la mayoría, pero es una ilusión, pues el resultado es la suma de la alianza con el partido verde y el Panal. Así que es pertinente preguntar, ¿qué y cómo se mantendrá la cohesión de estas tres fuerzas? ¿Qué costo político y económico tendrá esa unidad para el erario público, el gobierno y el PRI? Pero la ciudad de México es el ejemplo paradigmático de esta dispersión: ningún partido es mayoría en la ALDF y el partido gobernante tendrá una complicada tarea para formar una coalición que garantice la gobernación. Es así que esta ciudad se convierte en el laboratorio de esta elección que dispersó el voto. Ergo, más que Nuevo León, se debe estudiar el DF.
Lo que sucederá a partir de este año en la ciudad de México puede anticipar el futuro que le depara al país entero después de la elección del 2018. Salvo excepciones como el de Jaime Rodríguez en Nuevo León y Enrique Alfaro en Guadalajara, casi todos los candidatos electos obtuvieron rangos de votación que oscilaron entre 25% y poco más de 30%. Es decir, se repite la fragmentación del voto en la cámara de diputados: la pluralidad puede hacer muy compleja la gobernación. Países como Italia, donde conformar mayorías era difícil, los gobiernos caían con frecuencia y la estabilidad se lograba a base de corromper a los diputados. En México el hecho no es nuevo, pero dado los altos estándares de corrupción entre la clase gobernante puede derivar en un problema mayor que destruya a nuestra maltrecha democracia.
¿Cómo llegamos hasta aquí? Son muchos los factores, como el voto de castigo a diversos partidos y gobiernos por el hartazgo de los ciudadanos con la nula rendición de cuentas de los políticos, la corrupción rampante, la ineficiencia, la violencia, la pobreza y la desigualdad. Hasta aquí el castigo. Pero el resultado es inexplicable sin tener como referente las leyes y reglas electorales que encarecieron y corrompieron a nuestra democracia. En este último año, después de las matanzas de Tlatlaya y de Iguala, y las propiedades inexplicables de políticos, la presión de los ciudadanos obligó al Congreso a legislar para combatir la corrupción y opacidad de los tres niveles y órdenes de gobierno. Es un paso en la dirección correcta, pero lo ganado en este ámbito puede irse al caño si no hacemos un análisis del sistema electoral y planteamos una nueva reforma tanto electoral como política.
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