En la práctica, todas las personas que trabajan en un Hipódromo —que en esencia son casas de juego— se obligan a tener una “licencia”…
En la práctica, todas las personas que trabajan en un Hipódromo —que en esencia son casas de juego— se obligan a tener una "licencia" para que puedan desempeñar sus funciones. Normalmente estas licencias las expide la autoridad hípica: la Comisión de Carreras o cuando menos da el visto bueno para que alguna asociación o empresa las extienda. Así se otorgan las licencias mediante una cuota anual establecida a todos los propietarios de caballos, jinetes, veterinarios, caballerangos, taquilleros, meseros, árbitros, funcionarios de carreras, etcétera. A todas las personas que entran a la planta hípica y desempeñan una función. TODAS. Ahora… caray, como todo está de cabeza, ya no sé. Les comento porqué.
Hace un poco más de dos meses solicité el "Amparo y Protección de Justicia Federal" en contra de una resolución dictada por la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y de Galgos, A.C., Órgano Técnico de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y que, como producto de una simulación perfecta ideada por mentes maquiavélicas —inteligentes eso sí— es la autoridad hípica del Hipódromo de las Américas.
La demanda que interpuse es porque la mentada Comisión no me permite entrar a las instalaciones de dicho Hipódromo —no me otorga la licencia requerida— y en consecuencia no me deja desempeñar a plenitud el trabajo para lo cual fui contratado por una asociación civil —La UNION— que agrupa a un conjunto importante de propietarios y criadores de caballos del Hipódromo de las Américas y que gracias a nuestras gestiones tuvimos acuerdos que en su momento, beneficiaron al gremio hípico. Claro, la UNION —por mi conducto— se volvió una piedra en el zapato de la empresa permisionaria y mi presencia no les convenía. Lo entiendo, así ha actuado esta firma desde que le otorgaron el permiso y concesión que tienen para la explotación de las 52 hectáreas del terreno federal propiedad de todos los mexicanos y que por supuesto no ha cumplido con el objeto del mismo: tener una industria hípica floreciente, próspera, boyante, que produzca muchos empleos bien remunerados.
En la respuesta de la Comisión a mi demanda —se llama el informe justificado— puedo constatar cómo el secretario ejecutivo de dicha asociación civil, un individuo llamado Marco Antonio Rojas Zepeda reveló en su contestación lo peor de sí mismo, defendiendo sólo su chamba, sin recato, vergüenza y honestidad alguna, cuando supuestamente los funcionarios de la Comisión deben dar el ejemplo de integridad y rectitud.
Así, entre sus declaraciones y con la finalidad de que el Juez Federal me niegue el amparo solicitado, la Comisión —a través de Rojas— alega tres cosas: 1) Que la Comisión no es una autoridad competente; 2) Arguye que el poder notarial que me otorgó mi representada es solo para cuestiones laborales (lo cual no es cierto) y 3) Manifiesta que desde 1991 —hace 24 años— fui suspendido como entrenador y propietario en el Hipódromo de las Américas "por querer alterar el buen funcionamiento de las carreras de caballos", acusación infundada y que nunca se probó y omitiendo —porque así de descuidado e ignorante es este individuo— que entre los años 2003 al 2005 se me otorgó licencia para desempeñarme como propietario y entrenador de ese centro hípico y que por cierto, fui exitoso. Me retiré por gusto. Pronto sabremos si el Juez Federal me protegió y amparó como espero.
Lo que es verdaderamente preocupante y lo importante de todo este relato es que Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación le haya permitido a la mencionada Comisión —que fue creada por la misma empresa permisionaria— la regulación y vigilancia de las carreras de caballos con apuesta en el Hipódromo de las Américas, resultando juez y parte en todo este tinglado, multando y sancionando a los que infractores de sus propios reglamentos cuando en mi opinión debería ser función del estado esta labor, rehuyendo a la obligación que entiendo tiene la Dirección de Juegos, como la autoridad reguladora, en toda la materia de Juegos con apuesta y mientras asegura que para ella, la Comisión Mexicana es sólo un Órgano Técnico de Consulta.
Además, la mencionada Dirección de Juegos y Sorteos le permite a la Comisión Mexicana cobrar "derechos" por un servicio que no proporciona. En casi un millar de "carriles" que existen en el país, en donde se celebran carreras parejeras, es requisito indispensable para que la Dirección de Juegos y Sorteos otorgue el permiso para que el organizador del evento pueda celebrar carreras con apuesta, este presente el visto bueno de la Comisión de Carreras sin que ella haya hecho certificación alguna del estado y condiciones de dicho escenario temporal (de la pista, las tribunas y del estado físico de los caballos). Por supuesto, en muchos de estas "pistas de carreras" los caballos corren con "aguja libre" y todas las Reglas Técnicas que sesudamente la Comisión ha redactado sirven para nada… claro, la cuota se cobra por adelantado.
Lo que me queda claro es que mientras la Dirección de Juegos y Sorteos de la SEGOB siga permitiendo que la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y de Galgos, A.C. —que no está integrada conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley actual— actué como la autoridad hípica todos los participantes de las carreras de caballos están… fritos.
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