En días pasados la Contraloría General del Distrito Federal anunció un “paquete” de 90 sanciones a funcionarios…
En días pasados la Contraloría General del Distrito Federal anunció un “paquete” de 90 sanciones a funcionarios de la administración de la ciudad de México, que van desde inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos, hasta sanciones pecuniarias por cerca de 70 millones de pesos. Destaca de ese anuncio, la tercera sanción que se impone a Enrique Horcasitas, exdirector del proyecto del Metro de la Ciudad de México, por los problemas que enfrenta la famosa línea dorada del sistema de transporte colectivo, la Línea 12.
Como es sabido, la Línea 12 del Metro se ha convertido en un magno escándalo por todas las implicaciones de corrupción que ha puesto a flote, y que alcanzan (por lo menos en el escándalo), incluso, al ex Jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón. Al respecto, por el delito de concusión, ha sido declarado el auto de formal prisión al ex Director General Administrativo del Proyecto Metro, Juan Armando Rodríguez Lara.
Horcasitas, a quien se concedió un amparo contra una orden de aprehensión, ha sido inhabilitado formalmente por más de 30 años para trabajar en el servicio público, además de que tendrá que pagar casi 8 millones de pesos en sanciones.
Este anuncio, sobre la tercera sanción al exfuncionario del Gobierno del Distrito Federal, se da en el marco de otra serie de noticias más y menos espectaculares, como la fuga de Joaquín Guzmán Loera de una de las prisiones de las llamadas de alta seguridad, a través de un túnel de unos mil 500 metros, que ha exhibido parte de las debilidades del sistema carcelario en nuestro país y con ello saldrán a la luz, es lo más probable, los niveles de corrupción que prevalecen ahí, en las cárceles de México.
Es imposible seguir viviendo de escándalos y para los escándalos. Las notas al respecto en la prensa extranjera son, para el caso, lo anecdótico. Lo importante, lo verdaderamente trascendente es lo que los mexicanos estemos dispuestos a hacer: combatir a profundidad las prácticas de corrupción en todos los niveles de la administración (a la par o supletoriamente al sistema anticorrupción que se derive de la reforma constitucional) o buscar el beneficio particular de la proclividad de burócratas y funcionarios a ser corrompidos. Es decir, administrar los hechos que vayan saliendo, y aplicar el maquillaje correspondiente. Todos queremos, seguro estoy de ello, lo primero.
¿De qué tamaño es la corrupción en México? ¿Cuánto mide y cuánto cuesta? Son preguntas que la observación del entorno nos permite contestar, al menos con una respuesta basada en la experiencia personal. Si uno “rasca” un poco en su círculo laboral, por ejemplo, puede encontrar, lamentablemente, desde simulación (otra forma de corrupción), hasta prácticas verdaderamente sorprendentes, por la sofisticación que se hace, para obtener un beneficio indebido.
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