Iguala, un caso más de violencia e impunidad

Nuevamente el estado de Guerrero, en específico la Ciudad de Iguala, se ha convertido en el foco de atención no sólo de autoridades, sino de la sociedad nacional e internacional,… Nuevamente el estado de Guerrero, en específico...

8 de octubre, 2014

Nuevamente el estado de Guerrero, en específico la Ciudad de Iguala, se ha convertido en el foco de atención no sólo de autoridades, sino de la sociedad nacional e internacional,…

Nuevamente el estado de Guerrero, en específico la Ciudad de Iguala, se ha convertido en el foco de atención no sólo de autoridades, sino de la sociedad nacional e internacional, quienes exigen se esclarezca el ataque a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa por parte de autoridades federales y municipales, cuando intentaban regresar a su escuela tras un boteo que realizaron en el centro de la ciudad donde recababan fondos para su tradicional marcha del 2 de octubre, derivado de estos hechos, el viernes 26 de septiembre perdieron lamentablemente la vida 6 personas, 17 resultaron heridos gravemente, y aproximadamente 43 personas más se encuentran desaparecidas, muchos de ellos sin estar involucrados en los hechos, y siendo víctimas de las circunstancias, como el caso de los futbolistas del club “El Avispón”.

Un municipio donde mucho pasa y nada se sabe, ese en el que la máxima autoridad José Luis Abarca Velázquez tiene supuestos nexos con la delincuencia organizada, ligándose a su familia política con el cartel de Arturo Beltrán Leyva, promovía a su esposa como próxima presidenta municipal, contaba con denuncias en su contra por homicidio y de quien poco se sabe cómo obtuvo sus riquezas, decidió simplemente no enterarse de lo sucedido porque se encontraba en un baile festejando el segundo informe de labores de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa al frente del DIF, presentando poco después licencia al cargo de alcalde para evadir sus responsabilidades y huir.

Debido a ello, la Procuraduría del estado inició sus investigaciones sobre el asunto, -buscando incluso casa por casa a los desaparecidos sin encontrar un sólo indicio-, la cual mediante una llamada anónima acudió a investigar unas fosas clandestinas donde aparentemente se encontraron más de 25 cuerpos calcinados pertenecientes a los normalistas, mientras esto sucedía, el Gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero se encontraba en el IX Consejo Nacional del PRD donde se renovó su dirigencia nacional. Es lamentable para quienes conocemos y amamos al estado de Guerrero, que a las autoridades les interese más un evento político social que atender los problemas que aquejan a sus pobladores.

El fiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco, en conferencia de prensa, informó que la policía municipal actuó en contubernio con la delincuencia organizada, declarando que la orden de detener a los normalistas la dio el director de seguridad pública municipal, Francisco Salgado Valladares.

El gobierno federal tras no contar con los mejores resultados de la Procuraduría estatal, decidió acompañar y asumir las tareas de seguridad pública en el municipio de Iguala mediante la División de Gendarmería de la Policía Federal, teniendo como objetivo principal contribuir a la búsqueda y localización de los estudiantes, decisión anunciada el lunes pasado por el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García.




Sin embargo, no es la primera vez que se recurre a la intervención del ejército, marina y policía federal en estados en los que se ha detectado el crimen organizado; como antecedente tenemos a Tamaulipas, entidad que hasta el día de hoy presenta enfrentamientos entre la delincuencia y la policía; o casos como Nuevo León, Michoacán, Coahuila, Veracruz, Sinaloa, Durango, Chihuahua o Zacatecas donde sus índices delictivos, sobre todo los homicidios, secuestros y extorsiones han ido a la alza en los últimos años.

Estos hechos denotan que existe una deficiencia en la capacitación policial, no se cuenta con una instrucción adecuada sobre el uso de la fuerza y sobre todo, no existe la presunción de inocencia, por lo que aún queda mucho por investigar en esta lamentable situación en la que una vez más se encuentran ligadas las autoridades con el crimen organizado, y que hacen que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones y sus gobernantes.

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