Este domingo se cumplieron siete meses de la desaparición y muerte de alumnos de la normal Raúl Isidro Burgos en la ciudad de Iguala, Guerrero. De acuerdo a diarios del…
Este domingo se cumplieron siete meses de la desaparición y muerte de alumnos de la normal Raúl Isidro Burgos en la ciudad de Iguala, Guerrero. De acuerdo a diarios del estado, más de mil 200 personas marcharon en Chilpancingo, partiendo del monumento “El Caballito” ubicado en avenida Insurgente, para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos que consideran desaparecidos.
Conforme a estas mismas fuentes, la marcha fue convocada por el llamado grupo radical de la CETEG, que dirige Antonia Morales, líder de la coordinadora en Chilpancingo, quien es opositora al secretario general de esa organización, Ramos Reyes Guerrero. Al terminar la protesta, quemaron frente al Congreso local seis camionetas de empresas repartidoras de productos. Esto motivó que elementos de las fuerzas de seguridad se desplegaran para evitar más hechos vandálicos. Luego de varios choques, los manifestantes se retiraron. No se han registrado heridos.
En la ciudad de México la marcha fue mucho menos numerosa que en otras ocasiones. Lo más notable fue que algunos padres y alumnos de la Normal Rural colocaron un antimonumento en el camellón de Paseo de la Reforma y Bucareli, en honor a los 43 normalistas desaparecidos. Los manifestantes han solicitado al GDF respetar el citado antimonumento por Ayotzinapa.
A diferencia de las movilizaciones pasadas, esta XI Acción Global por Ayotzinapa careció de una gran convocatoria. En las plataformas sociales se colocaron tres Trending Topic los cuales no tuvieron los mismos alcances que en otros momentos. Varias organizaciones sociales han solicitado al gobierno federal que declare el caso como desapariciones forzadas, pero hay resistencia en las esferas gubernamentales. El caso tendría otra connotación.
Por otro lado, los familiares de los desaparecidos y sus aliados no reconocen la posibilidad de que casi todos los responsables de aquella acción se encuentren ya presos y culpan al propio presidente Peña Nieto, aunque no hay una sola evidencia de que autoridades federales estén implicadas. Muchos de los aliados a la causa de Ayotzinapa están utilizando el caso políticamente para su propia agenda, pero en democracia esto vale.
Luego de siete meses, el 26 de septiembre de 2014 está en vías de convertirse en una fecha simbólica, pero sin gran fuerza política. El gobierno federal paga su lenta respuesta en el caso y no considera que fue desaparición forzada, que lo fue. Los padres de familia están reacios a reconocer que se ha hecho justicia, al menos en los responsables directos. López Obrador y el PRD escurren el bulto de su responsabilidad y si la flaca memoria colectiva se los permite, le endilgarán el hecho atroz al gobierno de Peña Nieto.
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