Un documento que nos permite conocer qué tan bien o mal están actuando en materia de seguridad pública
Un documento que nos permite conocer qué tan bien o mal están actuando en materia de seguridad pública los 32 gobernadores del país, es el informe mensual difundido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que muestra que porcentaje del personal involucrado en actividades de seguridad pública ha aprobado o reprobado las famosas pruebas o evaluaciones de control de confianza. El personal evaluado es el que en cada entidad trabaja en ciertas áreas de la secretaría de seguridad pública, en los órganos de prevención y reinserción social, en la procuraduría general de justicia y en las secretarías o direcciones de seguridad pública municipales.
Con base en el informe, que proporciona datos actualizados al 30 de septiembre pasado, puede concluirse que el ex priista Mario López Valdez “Malova” es el gobernador que menos se ha preocupado por mejorar la calidad de los empleados públicos involucrados en tareas de seguridad pública. A pesar de su gestión termina el 1 de enero entrante, los números permiten suponer que durante los últimos seis años no se esforzó mucho por elevar la calidad de los policías ministeriales y estatales, ni de los agentes del ministerio público, ni de los carceleros. Han de estar muy decepcionados de él quienes lo eligieron cuando en 2011 se presentó como candidato de una alianza PAN-PRD-PT-MC.
De acuerdo al mencionado informe difundido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 48% de estos empleados no aprobó los exámenes de confianza. Lo peor es que el 55% de los ministerios públicos, policías ministeriales y demás personal evaluado de la Procuraduría General de Justicia del estado resultó reprobado en las evaluaciones. También fueron reprobados 51% de los policías municipales, 45% de quienes trabajan en las cárceles del estado y 37% de los que cobran sus quincenas en la Secretaría de Seguridad Pública. Por lo anterior, López Valdez también está reprobado y deberá responder por esa imperdonable falla una vez que dejé el cargo, el 1 de enero venidero.
Otros gobernadores que deben trabajar mucho más para mejorar la honestidad de los empleados estatales involucrados en el tema de la seguridad pública son Carlos Mendoza Davis (PAN), de Baja California Sur, con el 38% del personal reprobado, Roberto Sandoval Castañeda (PRI), de Nayarit, con el 28%; Claudia Pavlovich Arellano, de Sonora, con el 25%; Héctor Astudillo Flores, de Guerrero, y Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán, con el 24% cada uno; Javier Duarte de Ochoa (PRI, prófugo), de Veracruz, con el 22%; Omar Fayad Meneses (PRI), Hidalgo, con el 17%; Juan Manuel Carreras (PRI), San Luis Potosí, y Arturo Núñez Jiménez (PRD), de Tabasco, con el 15% cada uno; Aristóteles Sandoval Díaz (PRI), de Jalisco, con el 14%; y Carlos Joaquín González (PAN-PRD), de Quintana Roo, y Alejandro Tello Cristerna (PRI), de Zacatecas, con el 13% cada uno. Los demás estados registran porcentajes de menos del 10%.
Mención especial merece el gobernador priista de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, cuyo estado registra un cero por ciento de reprobados.
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