Durante su participación el pasado lunes en el informativo matutino de Carlos Loret de Mola, el vocero de la Presidencia…
Durante su participación el pasado lunes en el informativo matutino de Carlos Loret de Mola, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, adujo una serie de razones para explicar la lentitud con la que camina el caso Lozoya-Odebrecht, las cuales resultan por lo menos novedosas dentro de esta trama. Sánchez Hernández señaló que Marcelo Odebrecht, dueño de la mayor constructora de América Latina y acusado de sobornar a diferentes gobiernos para conseguir jugosos contratos, se acercó al gobierno mexicano y propuso dos cosas:
- Un expediente con información que podría ayudar a esclarecer el caso de corrupción; y
- El pago de un resarcimiento económico.
A cambio de esto, el empresario inmobiliario habría solicitado impunidad para su gente; es decir, que no se les meta a la cárcel, que no se les persiga en México, y que la empresa mantuviera intactos sus contratos en nuestro país. Un sueño dorado. El vocero relató lo anterior al participar en una mesa de debate en el noticiero y aseguró que México rechazó dicha propuesta y está realizando su propia investigación a nivel administrativo, electoral y penal, sin contar con la “valiosa” ayuda de Odebrecht. En pocas palabras, a diferencia de otros países que sí accedieron a la información y el trato, las autoridades mexicanas habrían empezado de cero.
Sin embargo, las declaraciones del vocero presidencial dan paso a una serie de cuestionamientos, cuyas respuestas podrían provocar mayores impactos negativos para el gobierno federal con respecto a este caso: ¿Por qué es hasta ahora que se ofrece dicha información para explicar la tardanza en el procesamiento del caso? ¿La opinión pública puede aceptar los dichos de Eduardo Sánchez, sin que se ofrezcan más detalles?
Por lo pronto, la respuesta parece más una excusa para no actuar con celeridad en el tema, además de ser un argumento que el gobierno nunca había utilizado. A su vez, podríamos señalar los siguientes puntos: ¿cómo y cuándo se llevó a cabo la propuesta de Odebrecht?, ¿quienes participaron en dicha reunión por parte del gobierno?, ¿el ofrecimiento del empresario brasileño forma parte del expediente internacional del caso?
Son muy serias y contradictorias las afirmaciones del vocero, ya que Raúl Cervantes, antes de renunciar a la PGR, aparentemente ya tenía listas las acusaciones contra los responsables del mayor caso de corrupción en América Latina. Más aún, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, declaró el pasado 25 de octubre que había “grandes hallazgos” en el caso y que estaban listas tres resoluciones sobre el mismo. ¿Dónde está todo éso?
Llama la atención que las declaraciones del vocero de Los Pinos hayan pasado inadvertidas por los partidos de oposición y que no hayan realizado algún pronunciamiento. Es probable que ello se deba a que en realidad no buscan que se esclarezca el caso, pues de dar crédito a algunos trascendidos la trama involucra a más de un instituto político. Lo que buscan, en realidad, es que se vincule el asunto Odebrecht a la campaña presidencial del 2012.
Lo dicho, de una forma u otra, el caso explotará. Depende del gobierno federal el daño que le podría hacer al PRI, al gobierno y al presidente Peña Nieto. Por lo pronto, a veces hay que callarse la boca antes de opinar en un asunto si con ello se empeora una situación.
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