El jueves pasado, en mi programa de radio y TV en Grupo Fórmula, la Coordinadora del Programa de Gasto, Rendición de Cuentas y Corrupción de México Evalúa (centro de análisis…
El jueves pasado, en mi programa de radio y TV en Grupo Fórmula, la Coordinadora del Programa de Gasto, Rendición de Cuentas y Corrupción de México Evalúa (centro de análisis de políticas públicas), Mariana Campos, explicó ampliamente qué es lo que supuestamente pretenden algunos funcionarios de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a través de senadores del PRI y PVEM, para lograr que la opacidad rija en las áreas más importantes de la administración pública. Aparentemente, a estos alto funcionarios de Los Pinos no les importa que el propio presidente Enrique Peña Nieto se haya comprometido públicamente en diversas ocasiones a transparentar las decisiones y procesos gubernamentales.
En su artículo intitulado ¿Transparencia RIP?, que puede leerse íntegramente en https://www.ruizhealytimes.com/opinion-y-analisis/transparencia-rip, Mariana señala ocho cambios que los legisladores de la fracción PRI-PVEM pretenden hacerle a la Ley General de Transparencia que ahora se discute en el Senado de la República. Transcribo parte de lo que ella escribe:
1. “Se busca eliminar la prueba de daño como un mecanismo efectivo para hacer legítima la reserva de información. Este mecanismo, cuando es bien definido, puede evitar que se reserve información en vano ya que exige a los sujetos obligados demostrar que en efecto la divulgación de cierta información daña algún interés público jurídicamente protegido. Sin un mecanismo de prueba de daño se vuelve mucho más fácil reservar información sin una razón legítima.
2. “Se busca eliminar la obligación de que los funcionarios documenten la información relacionada con el desempeño de sus obligaciones, definidas en los distintos ordenamientos jurídicos… La inexistencia de la información es actualmente la justificación más utilizada para que los ciudadanos no podamos acceder a la información. Para impedir que este pretexto se siga utilizando es necesario obligar en todas las leyes secundarias en la materia a que los funcionarios documenten sus actividades y cumplan con las obligaciones establecidas en el máximo ordenamiento jurídico de nuestra nación.
3. “Se busca que la Ley General de Transparencia no tenga prevalencia sobre otras leyes que contengan disposiciones en materia de transparencia. De esta forma se desinflaría la reforma constitucional…
4. “Se busca excluir a ciertas instituciones del Estado del cumplimiento de las disposiciones de Ley General de Transparencia. En particular, con el argumento de que Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no son entidades paraestatales, sino empresas productivas del Estado, se solicitó exentarlas de las obligaciones de transparencia… tal medida no se justifica, ya que ambas empresas siguen empleando recursos públicos, por lo que son y deben ser sujetos obligados.
5. “Con una intención similar, se busca que varias instancias federales puedan prescindir de Comités de Transparencia… Entre esas instancias se encuentran varias instituciones dedicadas a la seguridad pública y a la procuración de justicia…
6. “La transparencia de los fideicomisos no queda bien definida. Se busca evitar que los fideicomisos que no tienen estructura orgánica rindan cuentas de manera directa.
7. “Se pretende establecer plazos permanentes de reserva de información, extender los plazos totales de 7 a 12 años y reservar la información de crímenes contra la humanidad.
8. “Se busca eliminar varias obligaciones de transparencia, entre las cuales destacan dos: se pretende eliminar la obligación de que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales… se pretende eliminar la obligación de publicar los resultados de evaluaciones de desempeño practicadas a los funcionarios…”.
Después de leer la denuncia hecha por Mariana Campos es válido preguntarse si Peña Nieto es sincero cuando promete transparentar la administración pública. Si el presidente piensa efectivamente cumplir sus promesas, algunos priístas en la Consejería Jurídica de la Presidencia y/o en el Senado han decidido no hacerle caso.
Dentro de pocos días sabremos la verdad.
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