El hotel más caro del mundo

La fuga de Juan José Esparragoza Monzón del penal de Aguaruto, Sinaloa…   La fuga de Juan José Esparragoza Monzón del penal de Aguaruto, Sinaloa; los videos de presos humillados en el penal de Apodaca, Nuevo León...

28 de marzo, 2017
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La fuga de Juan José Esparragoza Monzón del penal de Aguaruto, Sinaloa…

 

La fuga de Juan José Esparragoza Monzón del penal de Aguaruto, Sinaloa; los videos de presos humillados en el penal de Apodaca, Nuevo León y la fuga de 29 reos del penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas a través de un túnel, regresaron las miradas y debates sobre la podredumbre del sistema penitenciario de los estados. Las cárceles, pomposamente llamados Centros de Readaptación Social, son las verdaderas universidades del crimen más perfeccionado, que no cumplen ni con la mínima misión de recluir a los criminales de alta peligrosidad.

Es una realidad que los gobiernos estatales no invierten en dos rubros importantes que son: las obras hidráulicas como drenaje y alcantarillado, y la más grave, el mantenimiento, adecuaciones tecnológicas e infraestructura de los penales, además de la profesionalización del personal a su cargo. En ambos rubros, el descuido se nota, cuando la porquería brota al exterior y exhibe a los gobiernos que no ven redituable electoralmente, invertir en obras que no dan relumbrón público y que cuando fallan, rara vez generan costos políticos a los gobiernos.

El escándalo mediático por la filtración de un video, donde se exhiben las vejaciones contra internos desnudos, por el grupo criminal que mantiene el control del Penal de Apodaca, Nuevo León, exhibe las carencias y los niveles de impunidad que existen al interior de los centros penitenciarios del país. En el caso de la fuga de 29 reos en Ciudad Victoria, la semana pasada, existe un autogobierno que permitió construir casas tipo “paracaidistas” en el patio del penal, que oculto la construcción del túnel, sin que hubiera alguna autoridad que evitará estas acciones al margen de la ley.

En el caso de Aguaruto, el actuar de los jueces Martín Ángel Gamboa Banda y José Luis Estrada Amaya es polémico, por decir lo menos, ya que otorgaron un amparo a los integrantes del cartel de Sinaloa, donde destacaba el hijo del fundador del Cartel de Sinaloa, Esparragoza Monzón, alias “el azulito” o “el negro” (dentro de la lista de los 122 objetivos prioritarios para el actual gobierno). Dicho amparo permitió que no fueran trasladados a un centro penitenciario de máxima seguridad, lo que a la postre, les facilitó la fuga de un penal sin video vigilancia al interior e inexistentes cordones de seguridad al exterior.

No es casual que algunos de estos criminales fugados enfrentaran un proceso de extradición a Estados Unidos, por lo que el amparo de estos jueces y el autogobierno en el penal de Aguaruto, les permitió llevar una vida de lujos al interior e hizo ridículamente fácil la evasión de criminales tan peligrosos como: Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias el “Changuito Ántrax” jefe del brazo armado del Cartel de Sinaloa, “Los Ántrax”, Francisco Javier Zazueta Rosales alias “Pancho Chimal” jefe de escoltas de Iván Archivaldo Guzmán Loera, hijo del “Chapo Guzmán” y a quien se le acusó de haber emboscado a militares para rescatar al “Kevin” donde murieron 5 militares en Culiacán el año pasado; además del jefe de seguridad de Ismael “El Mayo Zambada”, Jesús Peña González, y otro operador del “Mayo Zambada”, Alfonso Limón Sánchez.




El trágico común denominador en cada penal del país, es la corrupción que otorga privilegios y lujos para quien puede pagarlos, en el caso de la penitenciaria de Aguaruto no fue la excepción al haber encontrado en su interior celdas VIP. Es sintomático de la gravedad en el sistema penal de Sinaloa, donde los mismos custodios y su mando, permitieron a los delincuentes salieran caminando por la puerta principal de la penitenciaria de Aguaruto, no regresaron a trabajar al día siguiente y se encuentren prófugos.

Los cuatro centros penitenciarios de Sinaloa ya habían sido reprobados desde 2014, en los exámenes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al denunciar que existía hacinamiento de reos, un autogobierno por parte de los carteles, insuficiente personal, con escasa capacitación y bajos salarios, nulas sanciones disciplinarias, áreas de privilegios, tráfico de drogas y armas al interior.

Para nadie es ajeno, que los centros penitenciarios padecen una corrupción endémica que genera enormes ganancias económicas, para todos los elementos que trabajan en una cárcel, no por nada se le conoce como el hotel más caro del mundo, al cobrar toda actividad y servicio (legal o legaloide) que se da al interior del penal. Ya sea para pasar lista cada día, el llamado a visita desde dormitorios, entrega de comida, visitas conyugales, permisos para acudir a la enfermería o las misceláneas al interior del penal, todo esto genera costos y ganancias que no deberían existir. No se diga los lujos que son obtener una llamada en celular, visitas de prostitutas, la coerción para que esposas de internos brinden servicios sexuales a otros internos con poder, el ingreso y venta de drogas, acceso de electrodomésticos y pantallas de televisión y hasta la salida de los internos VIP por horas y días de las cárceles.

Como es tradición en estos casos, los reproches, las acusaciones y las complicidades son señaladas por los gobernadores que se dicen sorprendidos por las carencias en los penales, las autoridades federales que acusan a los gobiernos locales de no invertir un solo peso del presupuesto asignado, en las mejoras de los centros penitenciarios.

Estas recriminaciones entre la federación y los gobernadores son eclipsadas por la impunidad de los jueces, que con total imprudencia, o complicidad, otorgan amparos para que los delincuentes más sanguinarios permanezcan en penales que no cumplen las mínimas condiciones para albergar a presos federales de alta peligrosidad, con los resultados ya conocidos. El sistema penitenciario nacional está agotado y cerca de colapsarse, ante las antiquísimas formas viciadas de corrupción incombatible.

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