La resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, para reponer en su totalidad el viciado proceso de la investigación…
La resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, para reponer en su totalidad el viciado proceso de la investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, cimbró al alicaído régimen priísta quien recibió el último golpe de gracia a su malogrado sexenio político. Siempre quedará la duda ante lo casual e inesperado del fallo unánime de los magistrados, cuando en días pasados, el candidato favorito para ganar la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador, ya había ofrecido a los familiares de los estudiantes desaparecidos una comisión de la verdad integrada por representantes de padres de los normalistas y Organismos Internacionales de Derechos Humanos, para esclarecer los sombríos y sangrientos hechos de la noche del pasado 26 de septiembre de 2014.
La denominada verdad histórica fabricada por Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República (PGR) inauguró la debacle del régimen del presidente Enrique Peña, al atraer de forma tardía el caso Ayotzinapa, después investigarlo con premura y poco aseo, para posteriormente ser exhibido en sus conclusiones incoherentes por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y finalmente destrozado por la resolución de los magistrados: Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinosa y Héctor Gálvez quienes resolvieron reponer el proceso judicial derivado de los amparos con folio 203/2017 al 206/2017 presentados por cuatro acusados del caso.
Según el resolutivo del Tribunal Colegiado de Tamaulipas existieron demasiadas arbitrariedades en el debido proceso penal contra los presuntos culpables como fue: presentarlos ante la justicia en forma ilegal, llevarlos a reconstruir la escena del asesinato sin la asesoría legal de sus abogados y confesiones inculpatorias presuntamente obtenidas mediante la tortura. Estas fallas sistémicas en el procedimiento permiten asegurar que las resoluciones no fueron prontas, ni independientes, ni efectivas, ni imparciales, por lo que las investigaciones a cargo de la PGR no se apegaron al estado de derecho.
La verdad historia, defendida a capa y espada, por el presidente Peña, así como por el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos y por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam, nunca fue creíble para los padres de los 43 desaparecidos, ni para la opinión pública que no entendía las enormes inconsistencias de la llamada noche trágica de Ayotzinapa.
Esta crisis de credibilidad conjugada con el actuar irregular del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomas Zerón de Lucio (reubicado tiempo después) hizo insostenible la investigación inicial, al darse a conocer un video no registrado en el gigantesco expediente, donde el funcionario en cuestión realiza una diligencia poco clara, con posible alteración de evidencias, tendientes a justificar la investigación presentada como “la verdad histórica”.
La versión de un quinto camión, omitido en la narrativa oficial, introducido por investigaciones del GIEI, revelarían que presuntamente los estudiantes desconocían que en dicho autobús se transportaba heroína o dinero producto de la venta de esta droga. En represalia policías y sicarios habrían asesinado a sangre fría a los normalistas en condiciones macabras, aún por aclarar.
El gobierno de Peña Nieto se casó con su versión de los hechos, y nunca estuvo dispuesto a modificar el relato histórico en lo más mínimo. En cambio, en respuesta a la investigación del GIEI, el régimen político optó por obstaculizar cualquier investigación independiente, minimizar las capacidades de los expertos internacionales y dar espacio televisivo al secretario de la Defensa Nacional, quien en una inusitada entrevista, salió a tratar de deslindar a las fuerzas armadas del caso Ayotzinapa.
En contraste el GIEI fue enfático en la hipótesis de la participación de las fuerzas armadas en la zona, como cómplices activos o pasivos durante la posible masacre en contra de los estudiantes normalistas. Es de conocimiento público, que esta zona de Guerrero es dominada por bandas del crimen organizado que producen, trafican y comercializan cantidades titánicas de heroína, que no sería posible sin las complicidades y colusión con altas esferas del poder político, policías estatales y locales, además de policías federales y por supuesto la acción u omisión del ejército.
Aunque la PGR se ha inconformado con el resolutivo del Tribunal Colegiado y aseguró que sus acciones se apegaron al Protocolo Internacional de Estambul, rechazó haber sido informada sobre dicha sentencia, aunque bien sabe que lo expresado por el tribunal es inapelable y aspira solamente a presentar una controversia constitucional que le permita encabezar y eliminar la participación de la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la reposición del nuevo proceso a realizarse por una Comisión de la Verdad.
Dicha Comisión estaría conformada por integrantes de la PGR, los representantes de los padres de los desaparecidos y la CNDH, con la misión de trabajar conjuntamente para reponer el proceso judicial, tan viciado y politizado de origen.
Los alcances de esta nueva investigación son impredecibles, es apenas el inició de un proceso que será desgastante, polémico en cualquier resolución y que deberá contar con la participación de expertos nacionales e internacionales, que aporten pruebas que permitan dilucidar el paradero de los normalistas desaparecidos. Este resolutivo del poder judicial en contra de un proceso del poder judicial es inédito y marcará un precedente histórico, bastará ver a que niveles están dispuestos a investigar, ya que abrir la coladera para observar los desechos orgánicos del gobierno estatal y local, dejará carreras políticas destrozadas y un posible desprestigio de las fuerzas armadas.
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