De la violencia sin sentido a una verdadera política pública sobre las drogas

Después de la marihuana legal para fines recreativos en EU y de las reformas en Uruguay, la pregunta básica que nos debemos hacer es: ¿Dejamos el multimillonario mercado de drogas… Después de la marihuana legal para fines recreativos...

17 de abril, 2015
RHT

Después de la marihuana legal para fines recreativos en EU y de las reformas en Uruguay, la pregunta básica que nos debemos hacer es: ¿Dejamos el multimillonario mercado de drogas…

Después de la marihuana legal para fines recreativos en EU y de las reformas en Uruguay, la pregunta básica que nos debemos hacer es: ¿Dejamos el multimillonario mercado de drogas en manos de delincuentes o permitimos que sea regulado por el Estado?

Morelia, 15 abril 2015.- México y otros países de América Latina se encuentran en un momento de definiciones en que deben colocar cuestiones dolorosas, pero urgentes y necesarias para su futuro. Una de ellas dice respecto al cambio de su enfoque de política de drogas después de la introducción de la marihuana legal para fines recreativos en EU y de la legalización de la cadena productiva, de comercialización y consumo final en Uruguay . La pregunta básica que nos debemos hacer es: ¿Dejamos el multimillonario mercado de drogas en manos de delincuentes o permitimos que sea regulado por el Estado?

La respuesta a esta pregunta es un proceso que ya está en movimiento a nivel internacional y que tiene como punto de partida el hecho de que el paradigma represivo vigente en materia de política pública de criminalización de la producción, comercialización y consumo, , tanto a nivel internacional como nacional no ha dado resultados.

Al revés, ha transformado a los países productores- tanto México como Colombia son trágicos ejemplos-, en grandes focos rojos de violencia que consumen todo el presupuesto público en las tareas de represión y que, por consecuencia, no tienen los recursos presupuestales necesarios, ni las estructuras, para una política de salud pública de prevención y de tratamiento.

A este propósito recomiendo al lector de esta columna la lectura del informe sobre la materia de los ex-presidentes de Brasil, Colombia y de Mexico, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo que encabezan la presidencia de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.




Tenemos que definir si queremos quedar en el pasado, perpetuando la política de la represión dura (que nos ha llevado a la violencia ciega de las últimas décadas), gastando los dineros públicos en armas, inteligencia militar, nuevos cuerpos de seguridad, nuevas cárceles y sin aportación de resultados durables, o si, en su contrario, nos subimos al tren de reformas sensatas y concretas de Uruguay, de Estados-Unidos, de Holanda, de Portugal y de las propuestas de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.

Hoy por hoy, es evidente que las estrategias represivas que terminan en la muerte o prisión,  simplemente no son la solución, ni al consumo de drogas ni a los delitos menores relacionados con estas sustancias. Tenemos que encontrar una respuesta mejor. Tenemos que encontrar una respuesta más humana. Tenemos que encontrar una respuesta que permita mejores resultados, enmarcados en un paradigma jurídico respetuoso de la dignidad humana y del principio de la autonomía del sujeto, pero que permita al estado asumir plenamente sus funciones sustantivas .

Pero no es sólo el problema de la violencia que debemos usar para fundamentar la descriminalización y la legalización de las drogas. Dos otras variables deben ser analizadas: la  económica y la de salud pública.

Veamos la variable económica, a partir de los datos duros para México. Según el informe “El problema de las drogas en las Américas: estudios, la economía del narcotráfico” de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicado en 2013, los cárteles mexicanos reciben ganancias anuales de entre 1, 000 y 2, 000 millones de dólares por la venta de marihuana en Estados Unidos (EE.UU.). Más de 60% de las ganancias de venta de drogas viene de las ventas al menudeo (cerca del 30% de su paso por países de tránsito, y menos del 1% proviene de las regiones donde se cultiva la marihuana o cocaína).

Ahora bien, estas ganancias no están contabilizadas en las cuentas nacionales, no están sujetas al régimen impositivo y alimentan la instalación de los círculos de corrupción del poder político así como, la adquisición del poder de fuego de los cárteles. Tal, ha permitido a los cárteles crear estructuras paralelas de “gobierno” o hasta suplantar al estado en ciertas regiones, instalando un control de terror y violencia en las mismas.

O sea, el actual status quo contiene todas las semillas de la transformación de estados funcionales y modernos en estados disfuncionales.  La legalización, eliminaría esta pendiente de fracaso y transformaría a los ingresos de las actividades legalizadas en un elemento de financiación del bienestar de las poblaciones, a través del sistema redistributivo derivado de los impuestos recabados.

Pero, existe una otra variable económica (y de seguridad) que nos debería llevar a defender la legalización. Al legalizar, eliminamos la primera causa de la competencia entre carteles de la droga que luchan por mercados que van disminuyendo con el avance del movimiento de legalización en las entidades federativas estadounidenses. Al eliminar esta presión por la competencia interna, podremos bajar los costes de la violencia, las pérdidas tanto materiales como en vidas humanas.

El informe de la OEA, arriba citado es muy claro, en el sentido de que uno de los posibles impactos de la legalización de la marihuana en Colorado y Washington es un aumento de la violencia entre cárteles en México. Las pérdidas por la legalización se distribuirían de forma diferente entre los cárteles mexicanos, el más afectado sería el Cártel de Sinaloa y el menos afectado el Cártel de los Zetas. Lo que abrió una ola de violencia en que los cárteles menos afectados atacan a los más golpeados con el fin de recuperar mercado y control de territorios en ambos lados de la frontera.

O sea, nos estamos matando aquí, en cuanto del otro lado de la frontera legalizan, porque los cárteles han tenido que cambiar su estrategia de mercado y dividirse entre sí el mercado mexicano. Ahora bien, si se hacen los cambios necesarios en la política de drogas en México, esta tendencia desaparecería. La legalización de la marihuana para fines recreativos en México, aumentaría el daño financiero de los cárteles, ante esto los cárteles no podrían reaccionar “mudando” su mercado minorista de EE.UU. a México, como algunas voces antilegalización dicen.

Cuanto a la cuestión de la salud pública, para aportar elementos concretos a este debate y hablar de los efectos positivos de la descriminalización sobre el control sanitario de la drogadicción pienso que se debe examinar el caso de Portugal, que es un ejemplo con más de diez años de implementación, citado y “exportado” a nivel mundial. Así, colocaríamos el control de la drogadicción en su debida ubicación: el de un problema de salud pública, con componentes epidémicas.

En vez de insistir en medidas represivas, que en el mejor de los casos resultan inefectivas, y contraproducentes en el peor, Portugal, un país pequeño conocido por su conservadurismo, su fuerte tradición católica y un reciente surgimiento como democracia, optó por un enfoque audaz que favorece políticas más humanas y eficientes.

Este nuevo enfoque implementado desde el 2000 (4), es considerado como referencia por la Comisión Mundial de Políticas sobre Drogas, fue objeto de un informe de seguimiento en el 2009 por el Cato Institute y de un estudio de fondo por la organización Open Society en el 2012 .

Al instalar el nuevo paradigma de la descriminalización en el centro de su política pública y como soporte doctrinal de su marco normativo en la materia, Portugal efectivamente aplica una de las recomendaciones centrales de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, a saber: “Acabar con la criminalizaión, marginalización y estigmatización de las personas que consumen drogas pero que no perjudican a otros… Reemplazar la criminalización y el castigo a personas que consumen drogas con el ofrecimiento de servicios de salud y de tratamiento para quienes los necesitan”.

Al trasladar el tema de la posesión personal totalmente para fuera del ámbito de la aplicación de la ley, y llevarlo al campo de la salud pública, Portugal ha dado al mundo un significativo ejemplo de cómo las políticas nacionales sobre drogas pueden operar para beneficio de todos.

En consecuencia, durante la década pasada, Portugal ha experimentado una significativa reducción de nuevas infecciones por VIH y de muertes relacionadas al consumo de drogas.

En lugar de languidecer en las cárceles, los consumidores dependientes de drogas en Portugal ahora reciben tratamiento efectivo y programas compasivos que los integran nuevamente a la sociedad. Incluso las fuerzas del orden se han beneficiado, en la medida en que la policía tiene ahora libertad para concentrarse en interceptar el tráfico a gran escala y a investigar y perseguir redes internacionales de traficantes. Como resultado, la seguridad pública se ha incrementado.

Así, cuando abrimos el debate para allá de la histeria pseudo moralizante  de algunos grupos que se oponen a la legalización y a la descriminalización, nos damos cuenta que la(s) respuesta(s), a este problema tan complejo, no debe sólo pensarse en términos financieros, si no también como problema de salud pública, desigualdad, violencia, y principalmente de derechos humanos.

O sea, el debate público, urgente y necesario sobre la posibilidad de regulación del consumo de drogas, en particular sobre la legalización de la marihuana pasa por una revolución coperniciana del acercamiento al problema social de las drogas. Pasa por un cambio de paradigma, en que se abandona el enfoque represor y se adopta una política de liberalización, en que la actividad de producción y de comercialización se integra al PIB nacional y, en que esta contribuye a través de la fiscalidad para el financiamiento de programas de desarrollo social, educación y políticas públicas de Salud para la prevención y tratamiento.

Referencias Bibliográficas

1.-ONU, Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes http://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-Convention/convention_1961_es.pdf, enmendada por el Protocolo de 1971

2.- Código Penal Federal, Libro Segundo, Título Séptimo, Delitos contra la Salud, Capítulo I. De la Producción, Tenencia, Tráfico, Proselitismo y Otros Actos en Materia de Narcóticos, Art. 195 consultado en línea en la dirección: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/8/218.htm?s=

3.-Para entender las diferencias entre descriminalización y despenalización, consultar Greenwald, G. (2009), Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies [Descriminalización de Drogas en Portugal; Lecciones para Crear Políticas Justas y Exitosas sobre Drogas]. Instituto Cato, p. 2

4.-Ley No 30/2000 de 29 de noviembre de 2000. Portugal

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