¿Cuál es el verdadero presupuesto para el combate a la corrupción?

A partir de la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a Ethos le surgió la preocupación de que su implementación pueda verse… A partir de la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción...

28 de septiembre, 2016
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A partir de la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a Ethos le surgió la preocupación de que su implementación pueda verse…

A partir de la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a Ethos le surgió la preocupación de que su implementación pueda verse afectada por una escasa asignación presupuestaria. La semana pasada se publicaron una serie de desplegados en diversos medios de comunicación con estimaciones de lo que supuestamente se la asignó al combate a la corrupción a través del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2017. Sin embargo, es de resaltar que todas las estimaciones difieren entre ellas. Por la relevancia del tema, nos daremos a la tarea de analizar el origen de estas divergencias[1].

¿Por qué varían las cifras del combate a la corrupción?

La base a partir de la cual surgen todas las estimaciones es la reforma constitucional de mayo 2015, así como las leyes secundarias promulgadas en julio 2016.

Las distintas cifras son:

  • Ethos: 7,503 mdp (sin considerar el Consejo de la Judicatura Federal)[2]
  • Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: 7,040 mdp.
  • Centro de Estudios de las Finanzas Públicas: 1,506.2 mdp.
  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): 9,431 mdp.

Las cifras difieren por distintos motivos. Una de las razones se relaciona con la inclusión de diferentes dependencias en los cálculos. Por ejemplo, algunas estimaciones contemplan al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) bajo el argumento de que dicha institución promueve una mayor transparencia y rendición de cuentas, lo que abona al combate a la corrupción. No obstante, para otros, en el marco de las leyes del SNA, el INAI sólo ocupa un lugar dentro del Comité Coordinador, más no tiene atribuciones específicas que representen una carga presupuestaria adicional.




Por otra parte, hay quienes le dan una gran importancia a los Órganos Internos de Control (OIC), pues son los encargados de vigilar y supervisar el “buen actuar” de los servidores públicos de cada dependencia. No obstante, el rastreo es casi imposible por la estructura del gasto público. Por ello, es que algunos no los consideran y otros que, a pesar de reconocer la dificultad de su rastreo, lo suman.

Por otro lado, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) hace una estimación sobre los costos de las nuevas estructuras que crea el SNA, como son la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana. Para dicho cálculo, considera cuáles serían los posibles costos de los recursos humanos, financieros y materiales que conllevaría su creación, basándose en instancias similares ya existentes en la Administración Pública Federal.

De manera similar, dicho Centro estima cuánto costarían las nuevas salas que serán responsabilidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); las nuevas atribuciones que requerirá la Auditoría Superior de la Federación; y la nueva Fiscalía especializada en combate a la corrupción de la Procuraduría General de la República (PGR). Este tipo de estimaciones se les conoce como impactos presupuestarios. No obstante, es un método que puede ser criticado al hacer omisiones importantes de papelería o demás herramientas de trabajo, así como si los precios corresponden al mercado.

¿Cuáles son los datos reales sobre el combate a la corrupción?

Como se explicó anteriormente, es difícil dar una cifra única al combate a la corrupción, ya que todo depende de la forma en que se estime. Sin embargo, es posible estudiar los aumentos y decrementos de cada una de las partes que – dependiendo al criterio usado- podrían ser parte de este análisis[3]:

  • La Auditoría Superior de la Federación tiene un aumento de alrededor del 4% más que en el 2016.
  • El Tribunal Federal de Justicia Administrativa presenta un aumento de un 1%, básicamente por la creación de la Tercera Sección de la Sala Superior y cinco nuevas salas de Responsabilidades según su Estrategia Programática.
  • La Secretaría de la Función Pública tendrá un recorte de aproximadamente un 8% con respecto al año previo. Siendo que es considerada como el eje rector del SNA, según su Estrategia Programática.
  • Las Procuraduría General de la República, a través de las unidades que combaten la corrupción ya sea a nivel federal o interno, tendrán un recorte de 11%.
  • El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) tiene un decremento de 1.35% con respecto a 2016.

Conclusión

Es importante que haya consenso en las estimaciones porque pueden arrojar conclusiones erróneas sobre la importancia que en términos del presupuesto se le ha dado al SNA. Independientemente de las diferencias de criterios, es necesario incluir mecanismos adicionales en el presupuesto, como lo es un anexo transversal, para poder monitorear el gasto para el combate a la corrupción de manera adecuada.


[1]Las principales fuentes de la nota serán: la reforma constitucional publicada en 2015 disponible en:  http://bit.ly/1POboeB  ; las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción disponibles en: http://bit.ly/2d69Rmr ; el desplegado de prensa de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad disponible en:http://bit.ly/2d3JM3V; la entrevista del Subsecretario de Egresos de la SHCP en: http://bit.ly/2dfOxYR y, un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas disponible en: http://bit.ly/2cS8RED.

[2] Considerando el CJF el monto asciende a 74 mil mdp.

[3] Ver: ¿Qué nos dice el paquete económico 2017 sobre el sistema nacional anticorrupción? , disponible en: http://bit.ly/2dpwJ0V

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