¿Cómo convive el Servicio Profesional de Carrera (SPC) con la política de austeridad de AMLO?

Recientemente, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) publicaron el documento… Recientemente, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y el Centro de Investigación y Docencia...

25 de julio, 2018

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Recientemente, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) publicaron el documento…

Recientemente, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) publicaron el documento “Hacia una política nacional anticorrupción. Bases para una discusión pública”^{^[1]}. En dicho documento se definen cuatro ejes fundamentales de dicha política: 1) desmantelamiento de las redes de corrupción; 2) mejorar los procesos de fincamiento de responsabilidades; 3) eliminar la corrupción de ventanilla; y 4) la profesionalización y generación de capacidades de los funcionarios públicos, tema que resulta determinante para la eficacia de cualquier administración pública en el mundo.

¿Qué es el Servicio Profesional de Carrera (SPC) y cuál es su estatus actual en México?

En 2003 se promulgó la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. Esta ley busca establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema del servicio profesional de carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal (APF). En teoría, la ley regula el ingreso, el desarrollo profesional, la capacitación, la evaluación del desempeño, la separación del cargo, entre otras cuestiones. Sin embargo, cabe aclarar que a más de una década de su implementación, esta Ley no logró impactar a la totalidad del servicio público, sino sólo una pequeña parte.

Desde el principio, la ley nació acotada por la restricción del universo de servidores públicos (llamados de confianza) que participarían en el servicio (enlace, jefe de departamento, subdirector, director general adjunto y director general), así como por los esfuerzos centrados en el ingreso. No fueron incluídos los puestos protegidos por los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo (trabajadores de base), ni tampoco fueron incluidas un grupo de dependencias. De esta forma, de las 103 dependencias y órganos desconcentrados que integraron la administración pública federal, sólo 77 fueron sujetas a un servicio civil (75%). Del universo total de 1,543,397 de plazas existentes en el gobierno federal, solamente 2.6% formaba parte del servicio.

A más de una década de la promulgación de esta ley, la Administración Pública Federal (APF) cuenta con 28 servicios civiles de carrera en todo el país. Algunos ejemplos son: el Servicio Exterior Mexicano, el Servicio Profesional Electoral Nacional, el Servicio Profesional de Carrera Policial, entre otros. Por su parte, a nivel de los estados de la República la profesionalización de la función pública es incipiente.

¿Cómo se encuentra la administración pública en México?

El documento antes señalado subraya que se continúa dando un reparto de cargos de conformidad con reglas no escritas, fundadas en la lealtad y en la cercanía con el grupo político dominante en turno. Este fenómeno limita la capacidad de acción de la administración pública tanto a nivel federal como a nivel subnacional, pues no garantiza el ingreso y el desarrollo de los funcionarios con base en criterios objetivos como el mérito, la certeza, la igualdad y la independencia. Cuando los funcionarios no están comprometidos con los fines de la institución ni priorizan sus objetivos, sino más bien obedecen a la persona o al grupo en el poder que administra las diversas posiciones, se genera un sistema de botín.

Hallazgos científicos con relación a la profesionalización

Los avances actuales de la ciencia social demuestran que la profesionalización del servicio público y la generación de capacidades en áreas clave de la administración pública es un aspecto fundamental del combate a la corrupción. En este sentido, los criterios de ingreso, ascenso y permanencia deben basarse en aspectos meritocráticos. Para terminar con la llamada administración patrimonialista o “de botín” es necesario garantizar condiciones y sueldos adecuados, certeza y protección de derechos a los servidores públicos. Con esto se busca enfrentar la visión patrimonialista en la cual el funcionario se percibe como dueño de una plaza para, en su lugar, adoptar un modelo en el cual el servicio público conlleva una responsabilidad bien definida, con un salario fijo y claro, con seguridad, a la cual se accede, se asciende y se concluye por méritos conforme a una regulación universal, clara y pública.

Los hallazgos científicos señalan que los principales resultados de una correcta implementación del Servicio Profesional de Carrera son:

Las instituciones cuentan con un catálogo de puesto basado en criterios objetivos e identificables.
Los funcionarios públicos tienen claridad sobre sus obligaciones y responsabilidades.
Los funcionarios conocen sus derechos, así como las instancias a las que pueden acudir en caso de enfrentar algún proceso.
Las convocatorias para contrataciones son accesibles, públicas, claras y ampliamente difundidas.
Existen estadísticas públicas sobre las fases de las contrataciones y bajas.
Existen comités o instancias para contrataciones de responsabilidad media y alta.

Con base en estos hallazgos, en México se debe estudiar detenidamente la propuesta de austeridad que se ha hecho pública por parte de la próxima administración, la cual básicamente busca generar ahorros en el gasto público por medio de recortar los sueldos a altos servidores públicos, así como desaparecer una serie de plazas, dejando claro que la profesionalización no es prioridad.

La propuesta de austeridad planteada por integrantes de la próxima administración se aparta de manera considerable de los avances arrojados por la investigación social en materia anticorrupción ya que ataca lo relacionado con las “condiciones y sueldos adecuados, certeza y protección de derechos a los servidores públicos” que son pilares para el combate a la corrupción. Además, la reducción de sueldos crea un incentivo perverso hacia la corrupción. Tal parece que primero se deben retomar los saberes científicos en materia anticorrupción y en materia de administración pública y, a partir de estos, generar propuestas de austeridad, hacerlo de otra forma parece erróneo.

Es claro que los problemas de la administración pública no se reducen a sueldos elevados y a un exceso de plazas, aunque debe reconocerse que estos problemas existen y se deben resolver. Los problemas de la administración pública tienen que ver más con qué tipo de administración tenemos y queremos en México. La disyuntiva para México se encuentra en continuar con una administración pública patrimonialista “de botín” o institucionalizar una administración pública que cuente con un verdadero Servicio Profesional de Carrera que le de autonomía de los vaivenes políticos.

“Una democracia sin una burocracia profesional, honesta y competente se queda sin la capacidad de atender las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. Una democracia con una burocracia subordinada a las prioridades personales o partidistas de los políticos da lugar al patrimonialismo, el clientelismo y la corrupción.” [2] Guillermo M. Cejudo

^{^[1]} Este escrito reproduce fragmentos y cifras del documento “Hacia una política nacional anticorrupción. Bases para una discusión pública. Publicado por La Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en junio de 2018.

[2] http://biblio.ine.mx/janium/Documentos/cuaderno_35.pdf

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