Activando la posibilidad de presentar una Iniciativa Preferente para cada periodo de sesiones del Congreso, el Presidente Enrique Peña Nieto envió el 1º de septiembre un anteproyecto de Ley General…
Activando la posibilidad de presentar una Iniciativa Preferente para cada periodo de sesiones del Congreso, el Presidente Enrique Peña Nieto envió el 1º de septiembre un anteproyecto de Ley General de Protección de la Infancia.
La iniciativa fue intensamente criticada por los expertos y las organizaciones dedicadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes, por su enfoque asistencialista y vertical, además de incompleto.
Desde hace años, las organizaciones reunidas en la Red para los Derechos de la Infancia en México, en la que también participa Mexicanos Primero han venido trabajando en proponer una “Ley de Altura” es decir, un sistema integral de garantías de los derechos infantiles; en 2013 presentamos 10 por la Infancia.
Las comisiones del Senado retomaron muchas de estas críticas, elementos de iniciativas paralelas y elaboraron un anteproyecto, mucho mejor que la iniciativa que vino de Presidencia, pero que aún requeriría de correcciones.
Algunas consideraciones:
- Ya incluye normas concretas para que los educadores se hagan responsables de evitar o detener el abuso y acoso en la escuela.
- Tiene todavía algunas expresiones preocupantes, como multas a los medios por difundir algo “contrario al desarrollo o que haga apología de la violencia”
- No incluye todavía elementos precisos para combatir la suspensión de servicios educativos y la discriminación en el ejercicio del derecho a aprender.
- El DIF no tiene capacidades construidas para coordinar el sistema integral, y es preocupante por el papel que ha jugado, a nivel estatal y municipal, de control o de promoción de las esposas de los mandatarios, sin competencia técnica ni fundamento democrático en esa función coordinadora.
Tres elementos que son cruciales y aún deben incluirse en un sistema integral:
- Defensorías expertas y autónomas para vocalizar la atención a las violaciones o amenazas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
- Presupuesto suficiente, transparente y con rendición de cuentas para las tareas de coro.
- Información disponible y asegurada, desde los sistemas de identificación (actas de nacimiento y demás documentos personales) hasta acceso a los ciudadanos de los presupuestos, agendas y reportes de resultados de los programas.
- Participación de los mismos niños y niñas en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas que se refieren a ellos, así como a los padres, cuidadores, activistas y expertos del campo.
Se espera que lo que se presente próximamente a voto en el pleno del Senado sea un avance.
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