Cambios en el gobierno de Puebla. Ex funcionarios del GDF en Puebla

Cambios y más cambios en todos niveles y en todos lados. Ahora tocó el turno al Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle. En esta ocasión… Cambios y más cambios en todos niveles y en todos lados. Ahora...

13 de agosto, 2015
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Cambios y más cambios en todos niveles y en todos lados. Ahora tocó el turno al Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle. En esta ocasión…

Cambios y más cambios en todos niveles y en todos lados. Ahora tocó el turno al Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle. En esta ocasión nombró a Jesús Rodríguez Almeida como secretario de Seguridad Pública, a Salvador Escobedo Zoletto como secretario de Salud, a Roberto Moya Clemente como Jefe de la Oficina del Gobernador, a José Antonio Gali López como titular de la Coordinación de Vinculación y Atención Ciudadana, y a Mercedes Aguilar López al frente de la Secretaría Particular. Anunciando que es la primera etapa de reingeniería que se estará dando de aquí a al mes de septiembre, y habrá tres o hasta cuatro etapas de cambios.

En teoría todos los cambios deberían ser buenos o para que el trabajo sea mejor con mayores resultados, y en este caso concreto llama mucho la atención la designación en Seguridad, de quien afirmó, la seguridad es prioritaria para que Puebla pueda mantener el crecimiento en turismo y economía, por lo que confió en que la experiencia de Jesús Rodríguez Almeida como ex procurador de Justicia y ex titular de Seguridad Pública del Distrito Federal, fortalecerá el área para cumplir en 2016 con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que implica importantes retos en materia de capacitación y procedimientos y deberá generar un mayor acercamiento con los ciudadanos en tareas de prevención del delito.

Insistimos que en teoría lo que menciona es positivo, pero la realidad en cuanto al designado es contraria, veamos porque: Rodríguez Almeida fue Procurador Justicia del DF, suplió a Miguel Ángel Mancera cuando dejó el cargo de Procurador para ser candidato a jefe de gobierno. Ya con Mancera como jefe de Gobierno, fue designado Secretario de Seguridad Pública. Renunciando al cargo el 5 de diciembre del 2014, por severos cuestionamientos de organizaciones sociales de la actuación de la Policía capitalina en actos de represión contra manifestantes. Fue denunciado por recurrir al uso desmedido de la fuerza durante manifestaciones, así como de la detención de participantes en marchas de protesta por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Rodríguez Almeida fue acusado de actuar como el brazo represor de la administración de Miguel Ángel Mancera. Con constantes reclamos ciudadanos de defensores de los derechos humanos por la actuación de los granaderos en las manifestaciones públicas.

Durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública se vio involucrado en distintas polémicas: El caso Heaven; desalojo del plantón de maestros de la CNTE del Zócalo y la coordinación de los actos de brutalidad policíaca durante la manifestación pacífica del 20 de noviembre de 2014 por el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el desalojo violento de la plaza, golpeando a jóvenes padres de familia, defensores de derechos humanos y periodistas. Rodríguez Almeida dijo que estaba orgulloso de la actuación gallarda y responsable de la policía, “le guste a quien le guste”.


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Como resultado, 11 personas fueron detenidas. En medio de irregularidades en el proceso por parte de la SEIDO, todos fueron trasladados a penales de alta seguridad. Pero luego de que el caso se difundió a escala internacional y hubo presiones diplomáticas, todos salieron libres, otra vez, por falta de pruebas.

Otro hecho polémico fue el zafarrancho suscitado en San Bartolo Ameyalco contra pobladores que buscaban impedir una obra hidráulica.

Posteriormente en el 2015, buscó ser candidato por el PRD a Diputado en el distrito 8 federal, que comparten las delegaciones Azcapotzalco y Cuauhtémoc, pero aparentemente tuvo que ceder su espacio en las listas del sol azteca debido a que no se estaba cumpliendo con la cuota de género establecida por las autoridades electorales. Y ahora aparece en Puebla con nuevo cargo.

En este recuento y análisis, vale la pena recordar también, que en Puebla labora como Procurador General de Justicia Víctor Antonio Carrancá Bourget, y pregunto ¿será “Casualidad” o “Causalidad” que también trabajara en el GDF?, donde fue Subprocurador de Procesos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas.

Llamando la atención que en el 2004, fuera el abogado de René Juvenal Bejarano, detenido, después de que se mostraron los videos recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada. Y digo llamando la atención, porque un ex subprocurador defendiendo a un presunto delincuente, sí brinca el tema.

Y si a ello le sumamos que de acuerdo a lo difundido en un medio de circulación nacional en 2004, respecto a que “el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, y el abogado de René Bejarano, Víctor Carrancá Bourget, confirmaron que este último sí tuvo asignados escoltas de la PGJDF cuando ya no era funcionario público. Sin embargo, al tratar de explicar los días en que el servicio de protección se suspendió, dieron versiones contradictorias.

El litigante, por ejemplo, afirmó que dos días después de convertirse en abogado de Bejarano —el 12 de noviembre del 2004— se le retiraron las dos patrullas y los tres agentes del Grupo Especial de Reacción e Intervención que tenía a su disposición. Pero Bátiz Vázquez aseguró que el despliegue policiaco se mantuvo hasta el 17 de noviembre, es decir cinco días después.

La versión del abogado de la ciudad implica que Carrancá mantuvo la protección de una institución contra la que litigaba al menos durante siete días, pues asumió la defensa, según dijo, el 10 de noviembre, cuando se ordenó la aprehensión del ex operador político del jefe de Gobierno.

Los guardaespaldas pagados con dinero del erario lo dejaron de proteger un día después de que el juez 32 de lo penal considerara que la procuraduría capitalina no había sustentado las acusaciones por lavado de dinero contra Bejarano y concediera el auto de libertad a favor del perredista.

En entrevista, Carrancá indicó que fue él mismo quien solicitó verbalmente —no a través de oficio— al jefe de la Policía Judicial, Damián Canales, se le retirara la protección de los agentes. Por la mañana, Bernardo Bátiz dijo que los escoltas de Víctor Carrancá se le asignaron porque "recibió amenazas de un grupo que se hacía llamar 'Las víctimas de Carrancá'", cuando recién había dejado el cargo de subprocurador que tenía en la dependencia, en 2002.

Sin embargo, Carrancá explicó que los agentes se le proporcionaron a partir de que tomó el caso del homicidio de la familia Narezo Loyola. Según Bátiz, al ex subprocurador recibió amenazas "diversas", incluida la de "una persona que escribía en periódico, que estuvo en el reclusorio, que lo señalaba a él como responsable; él siempre me manifestó que no tuvo nada qué ver directamente, conoció el asunto en calidad de superior del MP que llevó el proceso, pero a él lo señalaba esta persona".

El funcionario confirmó que el abogado de Bejarano en su litigio contra la PGJDF, "sí tuvo efectivamente una escolta algún tiempo; ya no la tiene". —¿A partir de cuándo se la retiraron? —se le pidió precisar. —A partir del 17 de noviembre. No obstante, cuando se le preguntó sobre los motivos que tuvo la Procuraduría para retirar a los tres elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención y las dos patrullas al defensor de Bejarano, Bátiz dio por terminada la entrevista.

Al respecto, días antes López Obrador dijo que las escoltas, pensiones y demás beneficios del erario público que reciben ex funcionarios en el ámbito local y federal, deben desaparecer, pero acotó que se tiene que empezar "desde arriba". Esto, luego de que se le cuestionó durante la conferencia matutina por qué al ex subprocurador Víctor Carrancá, quien actualmente es abogado de René Bejarano, la PGDF le asignó tres agentes de élite como guardaespaldas y dos patrullas. López Obrador quiso aludir el tema con el argumento de que "no tengo información sobre eso". —¿Pero tiene asignados elementos de la PGJDF para su protección? —se le insistió. —No, hay que preguntarle al ciudadano procurador. —Usted dice que los ex presidentes no deben tener pensión, ni escoltas… —¡No, no, no, no compare! —alegó. Entonces, López Obrador desvió el tema y criticó las pensiones que reciben, por ley, los ex presidentes de la República.

"El 'Innombrable' recibe mucho dinero mensual de los impuestos de todos, nada más para estar pensando en cómo hacernos daño, o sea, nada más para andar tramando se le da al 'Innombrable' una pensión millonaria, todo esto tiene que desaparecer, tienen que desaparecer las pensiones a ex presidentes". Cínica manera de evadir el tema por parte del Peje López.

Por ello insisto, sí llama la atención que ex-funcionarios del GDF aparezcan en el Gobierno estatal de Puebla y sobre todo, en áreas de impartición de justicia y seguridad. Tiempo al tiempo.

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Con 65 asesinatos, Colombia es en donde más activistas perdieron la vida, seguido por México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13) y Nicaragua (12). Es decir, que el 88.1% del total ocurrieron en ocho de los 21 países. Casi tres de cuatro asesinatos ocurrieron en América y siete de los 10 países en donde más personas fueron asesinadas están en América Latina. 23 de los muertos estaban involucrados en temas de explotación forestal, 20 en asuntos de agua y presas, 17 en la industria minera y extractiva, 17 en la substitución ilegal de cultivos, 17 en los agronegocios, 12 en aspectos de reforma agraria, seis combatían la caza ilegal, dos en cuestiones relacionadas con caminos, uno en asuntos legales y 112 en diversos temas relacionados con la tierra. En donde se detallan los casos, siete de cada 10 fueron asesinados por defender los bosques de la deforestación y el desarrollo industrial. 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El reporte dedica dos páginas al caso de Óscar Eyraud Adams, defensor de los derechos del agua de las comunidades indígenas de Baja California que fue asesinado el 24 de septiembre de 2020 en Tecate, luego de que denunciara el despojo de agua por trasnacionales y la negativa de Conagua de permitirles cavar un pozo en Neji, BC. Global Witness acusa a las empresas privadas de actuar irresponsablemente durante décadas, contribuir y beneficiarse de los ataques contra la tierra y el medio ambiente ante la mirada complaciente de las autoridades. Queda claro, después de leer el reporte en www.globalwitness.org, que para el gobierno de la 4T no es importante proteger a los activistas y al medio ambiente, y menos aclarar los 30 asesinatos. 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