¿Qué puede decirse de tres años del gobierno de Enrique Peña? En su haber se cuentan varias reformas, de manera singular, la de telecomunicaciones. Las…
¿Qué puede decirse de tres años del gobierno de Enrique Peña? En su haber se cuentan varias reformas, de manera singular, la de telecomunicaciones. Las otras dos importantes, la fiscal y la energética, arrojan pobres resultados. Entre los pasivos se cuentan una crisis de credibilidad por el conflicto de interés con el contratista predilecto, proveedor de las casas del presidente y del secretario de Hacienda, el derroche de Presidencia en publicidad y en viajes fastuosos al extranjero de dudosa utilidad pública. También restan la inseguridad rampante, la fuga del principal narcotraficante, la desaparición forzosa de 43 normalistas en Iguala y la ejecución de 22 personas en Tlatlaya. A ello se añade la malversación de legisladores y gobernadores: la corrupción, según el Banco Mundial, equivale a 9% del PIB. Y la corona es una economía estancada, asediada por el déficit comercial y la especulación.
A tales carencias se añade la captura del gobierno por poderosos grupos económicos y políticos que acaparan las rentas del Estado, es decir, se benefician de la obra pública, de los impuestos de todos y del menguante ingreso petrolero. Si a ello añadimos un sistema económico que concentra el ingreso y reduce las oportunidades de empleo y de emprendimiento, el resultado es México fábrica de pobres S. A., una desigualdad que atenta contra la cohesión social y la paz pública. Si el gobierno en su conjunto (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no garantiza la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, además los esquilma y si ni siquiera las cárceles son seguras, se está ante una crisis de legitimidad, no sólo de credibilidad. Este contexto social es un factor que lastra a la inversión y el crecimiento, lo cual empeora la pobreza.
¿Cómo remontar tan colosales males? Si Ejecutivo y Legislativo no dan un giro al estilo de gobernar –erradican la impunidad (crimen sin castigo), que causa la ingente corrupción, descompone la vida pública e institucional (crispación social y violencia), estanca a la economía y reduce las oportunidades de una vida digna–, y si mantienen políticas económicas que empeoran la pobreza, como el congelamiento salarial, quizá haya que voltear la vista a lo que ocurre en Centroamérica, como sugiere Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Notre Dame: “la profunda crisis de impunidad por la que atraviesa México obliga a la sociedad civil a explorar nuevos mecanismos institucionales –como la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala– que nos permitan de manera pacífica sentar las bases para la construcción de un auténtico Estado democrático de derecho” (El País, 25-08-2015).
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