Ayotzinapa, ¿el caso se tambalea?

El movimiento de padres y familiares de Ayotzinapa hace tiempo que perdió fuerza política y mediática. 1.- El movimiento de padres y familiares de Ayotzinapa hace tiempo que perdió fuerza política y mediática. La última marcha en...

11 de mayo, 2017

RHT

El movimiento de padres y familiares de Ayotzinapa hace tiempo que perdió fuerza política y mediática.

1.- El movimiento de padres y familiares de Ayotzinapa hace tiempo que perdió fuerza política y mediática. La última marcha en la Ciudad de México (CDMX) pasó desapercibida y reunió a menos de mil personas. Tal vez por esta razón, el movimiento decidió ayer bloquear las instalaciones de la PGR con el fin de llamar la atención sobre su causa. Sin embargo, será difícil que esto suceda.

2.- Pero otra cosa es el caso Ayotzinapa en sí mismo, es decir el crimen de Estado cometido en Iguala en contra de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero. El movimiento y el caso en sí son dos cosas diferentes. El segundo sigue vivo en el corazón y las mentes de millones de mexicanos como un ejemplo de corrupción, torpeza y crueldad. Con estas manchas se ve el caso y su “resolución”.

3.- Por lo demás, sigue siendo muy probable que las cosas que sucedieron aquel 26 de septiembre de 2014 en Iguala y al día siguiente en Cocula hayan pasado como sostiene la versión oficial: los muchachos llegaron a Iguala en camiones, fueron detenidos por la policía municipal, llevados y entregados a la policía de Cocula, que luego los entregó a un grupo de Guerreros Unidos. Un número indeterminado de muchachos llegó muerto al basurero y los sobrevivientes fueron torturados y masacrados. Posteriormente, un número indeterminado (el grupo de forenses argentinos ha sostenido que pudieron ser 17) fue quemado hasta las cenizas. El gobierno federal, luego de varios meses admitió que es posible que no todos los 43 hayan sido asesinados y quemados en Cocula. Esta última parte de la versión, la de la quema en el basurero, ha sido refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la CIDH.

4.- Una cosa es que la sucesión de eventos haya ocurrido así y otra muy diferente probarlo en un caso sólido. Pese a que la narrativa de la PGR es la más viable, el GIEI y otras instancias han puesto en entredicho muchas afirmaciones y procedimientos seguidos por la investigación. El día de ayer, estas dudas del caso volvieron a surgir y se le manifestaron a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

5.- De acuerdo con una nota de ocho columnas de El Universal aparecida ayer, el secretario Osorio convocó a una reunión a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal ante el temor de que una investigación hecha “a futuro”, léase en el siguiente sexenio, probara que la investigación está llena de agujeros. Aunque la nota del diario sólo habla del riesgo de dejar en libertad a siete detenidos por la desaparición de los estudiantes, es lógico suponer que las inconsistencias y fallas podrían derribar el caso y llevar ante la justicia a quienes incurrieron en delitos por probar hechos sin sustento legal.

5.- Como se sabe, no sólo el GIEI ha señalado estas fallas, también un informe que en 2016 integró la Visitaduría General de la PGR, a cargo de César Chávez, cuestionó la investigación de la PGR que encabezó Tomás Zerón. La PGR asegura que ese informe no es oficial.

6.- Entre las irregularidades, se habla de tortura a testigos y presuntos implicados, diligencias fuera de la ley en el río donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos y contradicciones entre los ministerios públicos. Muchas de las afirmaciones que sostienen el caso de la PGFR podrían controvertirse en tribunales nacionales o internacionales.

7.- Como respuesta a esto, el día de hoy el mismo diario retoma las palabras de Alfredo Higuera, fiscal especial del caso Iguala, quien señala que aun en el caso de que al menos dos de los detenidos por la desaparición de 43 normalistas fueron torturados “no afecta la validez de la investigación, sólo anula esas declaraciones, afirmó”. Se equivoca.

8.- En primer lugar, no toca al fiscal o la PGR en su conjunto estimar o desestimar si el caso se mantiene. Serán jueces quienes lo hagan. En segundo lugar, no se habla de dos torturados sino de siete. En tercer lugar, si el testimonio de esos siete fue el que dio origen a otras pistas, todo puede ser cuestionado.

9.- La PGR sabía que el caso tenía estos vicios, que fueron minando la credibilidad en la investigación, pero la presión mediática y política les impidió ver que era mejor limpiar la investigación, que pasar a la historia como ineficaces o, peor aún, como cómplices involuntarios.

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