¡Avanzando! El Sistema de Justicia Penal y el de Anticorrupción

“Estamos hablando, ni más ni menos, de una verdadera Reforma de Estado.”, Luis M. Aguilar Morales "Estamos hablando, ni más ni menos, de una verdadera Reforma de Estado.", Luis M. Aguilar Morales Un Malletazo. Una ceremonia. Varios discursos....

22 de junio, 2016
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“Estamos hablando, ni más ni menos, de una verdadera Reforma de Estado.”, Luis M. Aguilar Morales

"Estamos hablando, ni más ni menos, de una verdadera Reforma de Estado.", Luis M. Aguilar Morales

Un Malletazo. Una ceremonia. Varios discursos. Los servidores públicos más importantes de la República entera reunidos a la media noche para el celebrar el inicio del nuevo Sistema del Justicia Penal.

Sí, a la media noche del viernes 17 de junio la ceremonia es trasmitida a todo color. Así de extraños e insólitos son los horarios en que suelen trabajar los servidores públicos de este país. Toda una celebración.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales puso en marcha el Sistema del Justicia Penal y en su discurso —en sus partes más relevantes— reveló:

"Se volvió una especie de secreto a voces y a veces de gritos desesperados, un crudo mensaje social que el Sistema de Justicia Penal había dejado de cumplir solventemente con su misión de resolver las problemáticas especialmente graves de la sociedad"


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"Que quedó rezagado en temas tan sensibles como la justicia pronta, el rol de las víctimas en el proceso, la aplicación del principio de inocencia o la transparencia para ser eficiente la respuesta estatal".

"La confianza en este sistema se estaba perdiendo. La gente ya no confiaba en esos procedimientos e iba perdiendo credibilidad en la actuación de los jueces. Se iba perdiendo también con ello la legitimidad en la impartición de justicia y, por ello, dejo de tener en la realidad vigencia.

"En este estado de cosas, se tuvo que reconocer que las modificaciones de mayor o menor extensión en importancia al sistema anterior, terminaron siendo sólo de maquillaje o simplemente anecdóticas, puesto que el sistema ya no aportaba nada a favor de la seguridad y tranquilidad de las familias, ni mucho menos evidenciaba el respeto a los derechos fundamentales de las personas".


Un malletazo; golpe con un mazo de madera

Así pues, el ministro de la Corte describe claramente la terrible realidad cómo se imparte la justicia penal en el país y concluye:

"El Poder Judicial de la Federación está comprometido a lograr el sistema eficiente que resuelva la problemática penal desde su primera etapa hasta la reparación del daño, con absoluto respeto de los derechos fundamentales de todos los involucrados".

"El primer paso que hemos dado es determinante, sin duda, en la reforma. Por sí mismo no resuelve la problemática de todos los días, pero sienta las bases para andar este nuevo camino que, no debemos perder de vista, aún es largo".

De esa manera se puso en marcha el nuevo Sistema de Justicia Penal y se antoja decir que todavía será un proceso muy largo pues todos los involucrados se necesitan capacitar: jueces, policías, ministerios públicos, peritos, abogados litigantes e inculpados. El ministro de la Corte José Ramón Cossío explica el sistema en esta liga.

Y para seguir avanzando —en todo este caos provocado por los maestros disidentes en varios estados de la república— es válido todo el diagnóstico que hizo ministro presidente pues también urge una reforma para el sistema de los juicios civiles y mercantiles pues es demasiado lenta la impartición de justicia en este aspecto, lleno de corruptelas. ¿Para cuándo…?


El sistema de archivos en los Tribunales Civiles en Guerrero

Por otro lado, observé el debate del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) discutido en el Senado de la República hasta altas horas de la noche. Entre el interés y el insomnio me mantiene despierto escuchar los debates. No cabe duda que la clase política es infatigable. ¿Quién entiende porque trabajan de manera tan peculiar nuestros legisladores, alguien me puede explicar?

Los especialistas en el tema sostienen que las siete leyes que se aprobaron en el Congreso de la Unión existe un avance sustancial para la lucha contra el flagelo de la Corrupción y lo que falló principalmente fue el tema del Fiscal Anticorrupción —que no será completamente independiente y ni tendrá "los dientes" suficientemente afilados para ejercer su función— así como dos artículos de la Ley General de Responsabilidades se sufrió una gran decepción.

Juan E. Pardiñas —unos de los artífices de la llamada Ley 3×3— critica agriamente en su artículo Sabotaje Legislativo la ley  y se pronuncia para que el Presidente enmiende el contenido de los artículos 29 y 32. Inédita es la presión que ejercieron un gran grupo de empresarios afectados manifestándose públicamente en el Ángel de la Independencia de la ciudad capital. Eduardo Ruiz-Healy se pronuncia claramente diciendo que el contenido del artículo 32 es una estupidez. Se quedó corto.

Con respecto al contenido del artículo 29, en que se determina que los servidores gubernamentales no harían públicas sus declaraciones como se demandó la iniciativa ciudadana firmada por más de 630 mil personas me queda claro que los honorables miembros del H. Congreso de la Unión no se iban a "poner de pechito" para que supiéramos a cuánto asciende su fortuna. Se imaginan la fortuna del senador Carlos Romero Deschamps o de don Emilio Gamboa Patrón… no la tiene ni AMLO.

Llama la atención en que repentinamente la ceremonia a la que se había convocado el 22 de junio para la promulgación de estas leyes se canceló y se abre la posibilidad de que el presidente Enrique Peña Nieto cambie de opinión y enmiende  —de acuerdo a sus facultades—  parte de su contenido y ante lo convulsionado del ambiente político nacional y la presión del empresariado. Ojalá. Me sigo diciendo que ni soñando…!!!

Así las cosas, el epígrafe del ministro Presidente aplica perfectamente para estas dos importantes reformas sin duda trascendentes. Al parecer "estamos" avanzando —paso a pasito— pero "estamos" avanzando.

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Con 65 asesinatos, Colombia es en donde más activistas perdieron la vida, seguido por México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13) y Nicaragua (12). Es decir, que el 88.1% del total ocurrieron en ocho de los 21 países. Casi tres de cuatro asesinatos ocurrieron en América y siete de los 10 países en donde más personas fueron asesinadas están en América Latina. 23 de los muertos estaban involucrados en temas de explotación forestal, 20 en asuntos de agua y presas, 17 en la industria minera y extractiva, 17 en la substitución ilegal de cultivos, 17 en los agronegocios, 12 en aspectos de reforma agraria, seis combatían la caza ilegal, dos en cuestiones relacionadas con caminos, uno en asuntos legales y 112 en diversos temas relacionados con la tierra. En donde se detallan los casos, siete de cada 10 fueron asesinados por defender los bosques de la deforestación y el desarrollo industrial. 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El reporte dedica dos páginas al caso de Óscar Eyraud Adams, defensor de los derechos del agua de las comunidades indígenas de Baja California que fue asesinado el 24 de septiembre de 2020 en Tecate, luego de que denunciara el despojo de agua por trasnacionales y la negativa de Conagua de permitirles cavar un pozo en Neji, BC. Global Witness acusa a las empresas privadas de actuar irresponsablemente durante décadas, contribuir y beneficiarse de los ataques contra la tierra y el medio ambiente ante la mirada complaciente de las autoridades. Queda claro, después de leer el reporte en www.globalwitness.org, que para el gobierno de la 4T no es importante proteger a los activistas y al medio ambiente, y menos aclarar los 30 asesinatos. 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