Impunidad significa, en pocas palabras, que quien incurre en una falta o un delito no recibe la pena…
Impunidad significa, en pocas palabras, que quien incurre en una falta o un delito no recibe la pena o castigo que le corresponde y el el reporte “La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018”, presentado hace unos días por Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), mi alma mater, muestra, como lo señaló el rector, “que las autoridades permitieron que el nivel de impunidad estatal aumentara en –prácticamente– todo el país”.
“¿Por qué cada día hay más delitos y actos de corrupción en México? Porque es posible cometerlos y no pasa nada”, es lo que escribe en su carta introductoria al IGI-MEX 2018 el presidente del Consejo Honorario del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia-UDLAP, Andrea Ambrogi Domínguez
Y no pasa nada porque muchos de los que han gobernado a este país desde su fundación no hicieron nada para remediar la situación. La corrupción y la impunidad existen porque no solo la han tolerado sino promovido muchos de los que han sido presidentes de la república, gobernadores, presidentes municipales, burócratas de alto o bajo nivel, legisladores e impartidores de justicia, sin importar el partido o los partidos políticos en que hayan militado mientras se servían del pueblo. Y es casi seguro que no hicieron nada para resolver el problema porque gracias a la impunidad pudieron y pueden hacerse de fortunas considerables y mal habidas sin preocuparse de explicar sus orígenes.
Alguien podría argumentar que la situación se está combatiendo citando los casos de exgobernadores que hoy están presos o fugados después de haber sido denunciados de cometer diversos delitos ante la Procuraduría General de la República (PGR) o las procuradurías de diversos estados. Curiosamente, en todos estos casos, se trata de exmandatarios cuyos sucesores pertenecen a partidos opuestos al suyo y que ningún exgobernador ha sido perseguido en aquellos estados en donde su sucesor es militante de su propio partido. Pareciera que los hoy encarcelados o fugados son más bien víctimas de una venganza política o ajuste de cuentas que no hicieron bien el trabajo de conservar para su partido el control político de su entidad.
El IGI-MEX 2018 indica que en nuestro país no hay impartidores de justicia suficientes para que ésta se imparta pronta y expeditamente, como lo ordena la Constitución: “cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 frente a 16 por cada cien mil habitantes); tampoco hay policías preventivos: “México tiene la mitad de los policías preventivos estatales que debería tener, 1.8 policías evaluados por cada mil habitantes… los datos más recientes indican que México tiene apenas 0.8 policías por cada mil habitantes”.
¿Por qué nuestros gobernantes no dedicaron los recursos necesarios para contratar a más jueces, magistrados y policías? Porque no quisieron. Así de fácil.
La semana entrante comentaré más sobre el IGI-MEX 2018 que puede verse en www.udlap.mx/igimex/assets/
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