Violencia y vida política 

Uno de los principales problemas de la vida política es la relación entre poder y violencia, entre el ejercicio de la violencia como elemento constitutivo del poder y su relación con el sistema jurídico y la existencia...

1 de diciembre, 2020

Uno de los principales problemas de la vida política es la relación entre poder y violencia, entre el ejercicio de la violencia como elemento constitutivo del poder y su relación con el sistema jurídico y la existencia de los ciudadanos.

Desde los primeros estudiosos del hecho político, a lo largo de los siglos, la violencia se ha convertido en un elemento del imaginario colectivo sobre la política y el poder en Occidente. Nuevas lecturas de autores contemporáneos ponen de relieve la tensión a la que se somete la concepción de la violencia como parte del ejercicio político con la irrupción de ideas como los derechos humanos, el sistema jurídico y el ejercicio democrático.

La comprensión del fenómeno del poder resulta para Occidente casi una obsesión. La explicación tradicional sobre la naturaleza del poder y los márgenes de su ejercicio se perpetuó en el pensamiento occidental, tanto por la precisión de sus observaciones como por su capacidad dialéctica de explicar situaciones desde distintos marcos. Si bien esa manera típica influyó en ámbitos muy distintos, también es cierto que ese pensamiento enfrenta severas críticas desde los extremos más humanistas que identifican al individuo con su ámbito de derechos.

Hoy en día, la idea del criminal como enemigo se basa en el sentido de pensar que los ciudadanos están obligados a someterse al gobierno y, al mismo tiempo, de oponer resistencia a las amenazas contra sus vidas; de ahí que haya una contradicción en el hecho de que el gobierno pueda amenazar la vida de los ciudadanos que lo han creado. En realidad no hay más éxito que el de un gobierno que alcanza a asegurar el orden de los ciudadanos en la paz de las prácticas de convivencia, es decir, si el propio gobierno fabrica las condiciones de un conflicto o lo tolera debe ser su actuación en colaboración con los ciudadanos la única solución posible.

Para que la ley sea ley y no fuerza, quien obedezca habrá de hacerlo con el asentimiento de su voluntad. La necesidad de la participación ciudadana y de la democracia efectiva hace que la ley no sea necesariamente una fuente de legitimidad. Sin instrumentos democráticos, la ley se hace prevalecer siempre a la sombra de la amenaza de infligir dolor corporal, a ese extremo se puede reducir parte de la crisis de credibilidad y confianza que enfrenta el poder público en nuestro país hoy.  Una auténtica democracia hace que el poder no sea estático, sino que se presente en un dinamismo que crea cadenas de poder que se enlazan unas con otras, particularmente en el sentido de la circulación del poder, pues quien hoy lo padece, algún día podría ejercitarlo.

En una sociedad como la occidental en la que la violencia es parte de la vida institucional, la estabilización y dominio de la violencia depende de la capacidad del poder de asumir su ejercicio solo sobre el marco legal y constitucional, incluidas las amenazas de infligir dolor físico o administrar la muerte a instituciones policiacas que despersonalizan su ejercicio y evitan su atribución personal.

En el estado de violencia que una sociedad como la nuestra presenta, es necesario evitar el discurso jurídico, político e histórico en el cual la violencia se comprende como parte connatural del ejercicio del poder, pues, en realidad, es necesario dejar claro que ese ejercicio y el sustento del grupo que, solo temporalmente, ejerce la fuerza legítima y material del poder se basa en una aspiración general de la paz y el derecho.

La violencia tiene una memoria larguísima, incómoda, a veces imperecedera. Hasta en tanto no sepamos, si es que eso llega a suceder algún día, quién y por qué han sucedido los hechos de violencia institucionalizada en nuestra historia reciente, el miedo y el resentimiento no podrán dejar de animar nuestras sospechas; grupos enemigos, violencia de Estado, descomposición y corrupción institucional, todas son posibilidades incómodas que no pueden ser descartadas. Mucho más allá del juicio de Ayotzinapa o Aguas Blancas, incluso Tlatelolco, que parece haber ya superado la prueba del paso a la historia y en el más alto grado posible el mito, es imposible no pensar cómo la violencia se traslada mediante los mecanismos de la venganza y las cuentas pendientes a través de las décadas, de las regiones y los individuos.

En este momento en que los historiadores, los científicos, los politólogos y los juristas, en su calidad de académicos, investigadores o juzgadores tratan de lograr la reconstrucción de los últimos momentos de la vida de quienes han caído en hechos violentos, nos preguntamos si la procuración de justicia podrá hacerlo en muchísimo menos que los años que algunos casos tienen que pasar para saber qué sucedió. El único remedio contra la violencia es la justicia y el único camino para frenar sus consecuencias es la legalidad. Son estos retornos de la historia los que nos parecen más terribles en un ambiente de violencia, porque nos avisan con certidumbre que en la historia nunca quedan cuentas pendientes, que todas se ajustan con el tiempo y que solo mediante la verdad —por dura y cruel que parezca—, puede alcanzarse la reconciliación y la paz; que solo mediante la justicia en la ley —por incómoda o inconveniente que parezca— puede construirse un futuro de paz y diálogo. Al final del día, la historia tiene siempre la última palabra.

@cesarbc70

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Lo anterior, a partir de la propuesta del presidente de la República, así como de diversos legisladores y legisladoras de distintas fuerzas políticas. Fundamentalmente, lo que se pretende con la nueva Ley es establecer un horario estándar congruente con las zonas horarias reconocidas en los Acuerdos de la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884, en los que se estipula el meridiano cero y se elimina el horario de verano en todo el territorio nacional; y se prevé como excepción un horario estacional que aplicará solamente a determinados estados y municipios de la frontera norte del país. El horario de verano en México fue implementado a nivel nacional en 1996, bajo la justificación principal de que contribuiría al ahorro económico y energético, así como a la reducción en el consumo de los combustibles fósiles para generar electricidad, contribuyendo a disminuir la emisión de gases contaminantes. Sin embargo, de acuerdo con diversos estudios de los sectores público, privado y social, dicho objetivo no se cumplió, ya que, desde que se estableció el horario estacional y hasta 2021, los ahorros energéticos representaron menos de 1% de la energía que se consume anualmente. Por ejemplo, la Secretaría de Energía señaló que en 1996 con el horario de verano el ahorro energético fue de 0.62% (943 Gigawatts/hora –GW/h–), en tanto que el año pasado alcanzó únicamente 537 GW/h, es decir, 0.16%. El ahorro económico también fue poco significativo. Basta señalar que el año pasado fue de mil 138 millones de pesos en el sector residencial, lo que significa que 46 millones de hogares ahorraron 25 pesos al año (4 pesos por recibo bimestral). Ahora bien, en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero fue de 0.07% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) en 2021. Los raquíticos ahorros que hubo en nuestro país contrastan con los gastos y esfuerzos realizados por la mayoría de la población, ya que de acuerdo con la Secretaría de Salud el horario de verano produce diversos impactos negativos en la salud, el bienestar, el empleo y la economía. Destacan, los problemas cardiovasculares, somnolencia, confusión, irritabilidad por la falta de sueño, dificultades de concentración y memoria, así como desequilibrios en el reloj biológico que derivan en otros de tipo digestivo y psicoemocionales. Además, el gasto en transporte en muchos hogares se incrementa, ya que al iniciar sus actividades diarias aún está oscuro, lo que les obliga a tomar taxis o acompañar a las hijas e hijos a la escuela, por razones de seguridad. Por otro lado, no podemos pasar por alto que el establecimiento del horario estacional se llevó a cabo a pesar del mayoritario rechazo de la población nacional. Prueba de ello es que, de acuerdo con los resultados de la encuesta realizada el pasado mes de mayo por la Secretaría de Gobernación, 71.4% prefiere un horario estándar para todo el año. Asimismo, diversas entidades a través de sus gobiernos se han manifestado en contra de la aplicación del horario de verano por considerar que tiene un impacto negativo en las actividades económicas, así como en la integridad y la salud de las familias, tal es el caso de la Ciudad de México, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit y Chiapas, entre otras. A escala internacional la mayoría de los países que en su momento adoptaron el horario estacional han eliminado su aplicación debido a su ineficacia, como, por ejemplo, Estados Unidos, España, China, Brasil, Argentina, Colombia, Argentina, entre muchos otros. De aprobarse en el Senado en los próximos días la nueva Ley, ya no habrá más afectaciones a la salud por este motivo, ni más cansancio o dolor de cabeza, tampoco habrá gastos innecesarios para las familias, ni afectación en las rutinas laborales y escolares que perjudican la productividad. Esperemos que no haya inconvenientes en el proceso legislativo para que al fin podamos dormir en el verano sin alteraciones. @larapaola1" ["post_title"]=> string(15) "Ya dejen dormir" ["post_excerpt"]=> string(131) "71.4% de la población en México prefiere un horario estándar para todo el año, de acuerdo con una encuesta realizada por Segob." 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Cuando un gobierno es cada vez menos capaz de regular los mercados informales, gradualmente pierde el control de los...

octubre 4, 2022