Quien a vídeo mata a vídeo muere

Llegó el momento, ahora sí, en donde Andrés Manuel López Obrador tenga que sostener sus dichos acerca de que "no permitirá" actos de corrupción "ni en su familia ni en sus hijos" y que todos por igual,...

21 de agosto, 2020 Pío López Obrador
  • “Son aportaciones para fortalecer el movimiento”, afirma AMLO sobre dinero que recibió su hermano.

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido que salir esta mañana, -como habitualmente lo hace para su Conferencia Matutina-, en la sede de Palacio Nacional, a responder preguntas inquietantes sobre el último vídeo donde se ve a su hermano, Pío López Obrador, recibiendo cantidades de dinero en lo que parece ser un restaurante.

López Obrador ha dicho que fue ayer mismo cuando su hermano se comunicó con él para decirle que daría una aclaración sobre el vídeo filtrado por el periodista Carlos Loret de Mola (quien se dice “exiliado” por la 4T) en su programa en Estados Unidos, LatinUS, pero fue el presidente Obrador quien fue más allá y le pidió incluso a Pío Obrador que pospusiera su candidatura para ocupar la empresa del Estado que coordinará la entrega de medicamentos al sector Salud.

Es así que Andrés Manuel ha detenido inmediatamente el posible ascenso de su hermano en esta posición de la Administración Federal en tanto no se resuelva los fines o la procedencia del dinero que en el vídeo aparece, aunque el mandatario justificara que “son aportaciones de gente muy humilde”.

Asimismo, el mandatario mexicano ha pedido que los vídeos sean entregados a la Fiscalía General de la República para que esta inicie una investigación que deslinde responsabilidades.

Llegó el momento, ahora sí, en donde Andrés Manuel López Obrador tendrá que sostener sus dichos acerca de que “no permitirá” actos de corrupción “ni en su familia ni en sus hijos” y que todos por igual, si es que tienen pendientes con la justicia, deberán de cumplirlos.

De mientras, esta es la defensa de David Léon en la red social Twitter:

¿Sera?




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Por supuesto, desde la definición se plantea la discusión: ¿buena muerte? ¿Cómo podría ser la muerte un bien? ¿No es acaso la pérdida del ser personal el mayor mal? Pues bien, en respuesta a lo anterior se ha insistido que el sentido correcto es tener un proceso de muerte digno adelantado sin sufrimientos innecesarios. Dicho de otro modo, si se han agotado todas las vías de cuidados paliativos y está presente un sufrimiento intolerable, v.g., estar severamente discapacitado, es razón suficiente para solicitar la ayuda del personal sanitario a morir. Se han planteado los siguientes argumentos en contra: Uno de los argumentos en contra de la ley de eutanasia considera que existe una “desigualdad de la aplicación práctica de la Ley”. Ésta significaría admitir que en papel, es sencillo o al menos lograble, obtener un consentimiento adecuado del paciente que de modo libre y autónomo decide terminar con su vida, pero que las diferencias sociales y de recursos, de facto, limitan esa autonomía. Así, un paciente con recursos económicos puede acceder a todo tipo de cuidados y atenciones ante una enfermedad grave e incurable. En cambio, otras personas no tienen acceso a esos cuidados por escasez de recursos personales o del sistema de salud pública. La pregunta que surge entonces es: ¿se producirán más peticiones de eutanasia debido a diferencias en la calidad de atención? Es decir, uno de los problemas de la legalización de la eutanasia es que suponen “piso parejo” en la atención sanitaria, cuando en la realidad ésta es desigual. En consecuencia es posible imaginar escenarios donde las personas sufren y se produce un sufrimiento intolerable producido por la falta de cuidados a las personas afectadas. Otro argumento es que no puede exigirse a otros el cumplimiento de una petición de eutanasia bajo la variable del sufrimiento, porque éste es objetivamente inconmensurable desde fuera, desde el otro. Lo anterior quiere decir que una persona con sufrimiento intenso (aun cuando estén controlados todos los elementos clínicos, como el dolor) parece pedir algo subjetivo imposible de medir objetivamente por otra persona: ¿por qué tendría alguien que ayudarle en ese propósito como un derecho legal? La discusión no es si de hecho sucede fuera de la Ley, sino plantear una ley que genere derechos y obligaciones. Dicha ley puede resultar en arbitrariedades, pues solo cada uno sabe lo que es un sufrimiento intolerable. Los defensores insisten en que debido a que existe objeción de conciencia en la Ley, entonces el componente subjetivo no se elimina, pero no obliga a quien no quiera atender una solicitud de eutanasia. Lo anterior señala así el problema de fondo de la eutanasia: el componente subjetivo que parece que no puede legislarse y debe dejarse fuera de la ley, ya que la ley, en principio, es una expresión racional que es aplicable y defendible por los componentes objetivos que de algún modo pueden verificar terceros. La eutanasia parece no cumplir ese requisito. Dicho de otro modo, el sufrimiento no es sencillo correlacionarlo con un estado objetivo inobjetable y en todos los casos. Los argumentos en torno a la eutanasia también parten de supuestos antropológicos: si se considera que la vida es un valor absoluto, no se podrían señalar ninguna circunstancia posible donde fuese lícito practicar la eutanasia. Por otra parte, si la vida no es un valor absoluto, si no se equipara a la dignidad, entonces sí puede plantearse la licitud de no tratar de mantener la vida a cualquier costo. Se ha señalado, correctamente, que lo anterior no es eutanasia sino la renuncia de medios desproporcionados para prolongar la vida. Los pacientes no tienen que soportar cualquier intervención por mantenerse vivos cuando los efectos esperados son nulos o rebasan la tolerancia a soportarlos. No obstante, la renuncia a medios desproporcionados en sentido estricto no es el tema de eutanasia, ya que no se busca la muerte como alivio del sufrimiento. Si se considera que el valor absoluto a cuidar es la libertad del individuo a decidir cómo quiere vivir su vida, parece lógico que la decisión de cuánto tiempo vivir es una más entre otras. Desde esa perspectiva se ha defendido la eutanasia: las personas pueden decidir hasta cuándo vivir. Lo anterior puede ser cuestionable por aspectos religiosos que a menudo consideran que la vida es un don que solo se administra. Quitado el elemento religioso, no parece haber razón de peso en contra del libre ejercicio del derecho a la eutanasia. No obstante, perdura la dificultad en la razón de por qué tendríamos que obligar legalmente a atender una petición legal de eutanasia cuando el código hipocrático, por ejemplo, expresamente prohíbe generar la muerte en los pacientes aun cuando lo soliciten. Los defensores insisten en que al reconocerse la autonomía como un derecho primario en nuestros tiempos justifica el legislar al respecto. Lo que sin duda no se encuentra en la discusión es que la tecnología médica ha permitido extender nuestra vida a límites en donde se presentan malestares intensos. En ese sentido, sí debe legislarse con objeto de poner límites razonables a posibles abusos de intervención, como encarnizamiento terapéutico. No obstante, queda abierta la discusión sobre si es razonable legalizar la eutanasia. Referencias: De Benito, E. (2021). “España aprueba la ley de eutanasia y se convierte en el quinto país del mundo en regularla”. Madrid: El País. 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