Aunque las críticas en su contra no cesan desde que inició su mandato como gobernador de Chihuahua…
Aunque las críticas en su contra no cesan desde que inició su mandato como gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral parece no querer cambiar en nada sus actitudes e intenciones.
Sus posturas hacen evidente un talante arrogante e impositivo que quedó plenamente de manifiesto en el pasado, pero que se esperaba podría modificarse.
Sin embargo, eso no sólo no ha sido así, por el contrario, Javier Corral asume que los múltiples reproches en su contra son producto de la competencia política y la rivalidad partidista, sin que en ello medie un mínimo de autocrítica, mucho menos para aceptar sus errores.
La última muestra fehaciente de este errático comportamiento se origina en que ha trascendido información que aduce que el gobierno del Estado de Chihuahua planea realizar: una enorme inversión para la construcción de un estadio de fútbol en Ciudad Juárez.
Se trata de un monto aproximado y superior a los dos mil millones de pesos, que será la aportación para la creación de un fideicomiso, que a través de un esquema de participación pública y privada, edificará el inmueble deportivo con esos recursos.
El estadio será la nueva casa del equipo de fútbol Bravos de Ciudad Juárez, que actualmente se encuentra disputando la fase final de la primera A, la división de ascenso del fútbol mexicano, con buenas probabilidades de acceder al máximo circuito profesional.
Si bien es cierto que el proyecto pretende fomentar el esparcimiento de la población juarense, apoyando a su equipo local, también lo es que el costo resulta extremadamente oneroso para ello.
Sobre todo cuando ha sido el mismo gobernador quien ha manifestado las enormes dificultades económicas por las que atraviesa su administración, derivadas como ha puntualizado personalmente en diversas ocasiones, del quebranto provocado por su antecesor Cesar Duarte, hoy prófugo de la justicia.
Como se ha dicho, esta situación lo llevó incluso a implementar un agresivo programa de austeridad oficial, que a todas luces contrasta con la millonaria aportación para la construcción de un estadio de fútbol.
Sin embargo, el problema mayor no se relaciona con el monto de la inversión, ni con la compleja situación de las finanzas estatales, sino con el claro conflicto de intereses en el que se incurre destinando esa cantidad a un proyecto en el que están involucrados colaboradores cercanos suyos.
Primero, porque la propietaria del equipo Bravos de Ciudad Juárez, Alejandra de la Vega Arizpe, es su Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico y porque el Vicepresidente de Administración del mismo, es Rodrigo Cuarón.
Rodrigo es hijo de Pablo Cuarón, secretario de Educación del Estado y es yerno de la diputada panista Blanca Gámez Gutiérrez, presidenta de la actual Legislatura del Congreso del Estado.
Si consideramos que, como ha trascendido, la administración del fideicomiso al que el Estado aportará los recursos para la construcción del estadio será administrado al igual que el inmueble, una vez terminado, por los propietarios y directivos de los Bravos de Ciudad Juárez, estamos ante un gigantesco y multimillonario conflicto de intereses.
No está de más mencionar que la señora Alejandra de la Vega, quien por cierto traslado la sede de la Secretaría a su cargo de la capital a Ciudad Juárez, donde está su residencia, seguramente para poder atender sus negocios familiares, heredó de su padre un emporio comercial que consiste en cadenas de abarrotes y gasolineras y que ella con mucho éxito ha incrementado.
Tampoco que su cónyuge, Paul Foster, es accionista mayoritario y presidente de la compañía petrolera Western Refining, así como de múltiples empresas en el estado de Texas, lugar de origen de ambos, porque Alejandra de la Vega nació en El Paso.
Lo que conlleva obligatoriamente al análisis de la real necesidad de que el Estado tenga que realizar una aportación económica de tal magnitud, en momentos tan inoportunos, cuando los propietarios del equipo de fútbol profesional, el matrimonio Foster-De la Vega, son una de las familias más acaudaladas de Chihuahua y Texas.
Independientemente de que Alejandra de la Vega desempeñe un cargo público de tanta relevancia en la administración de Javier Corral y que eso suponga el consiguiente conflicto de intereses, es evidente su capacidad económica para afrontar los costos del proyecto de la construcción del estadio.
Adicionalmente, en un balance de beneficios, no cabe la menor duda que la gran mayoría de ellos, sino es que todos, sólo a reserva de ofrecer entretenimiento a la población, serán a favor de los dueños del equipo, quienes virtualmente lo serían también del estadio.
Esto confirma que el gobernador Corral, que tanto criticó a Cesar Duarte por su sociedad en un banco, ahora intenta emularlo financiando con recursos públicos un negocio privado.
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