Un pozo sin fondo ha resultado ser el Servicio de Protección Federal a pesar de las promesas de Alfonso Durazo Montaño y Rosa Icela Rodríguez para hacer rentable el servicio, y dejar de contratar a empresas privadas. Al inicio del sexenio lo recibieron con 4460 elementos (actualmente 9200). El gobierno calculó reclutar a 45 mil personas como meta en el 2023.
La dependencia de la Secretaría de Protección Ciudadana puso primero al mando al expresidente del PAN, Manuel Espino Barrientos, y posteriormente a Luis Wertman, activista y presidente del Consejo Ciudadano de la CDMX en el sexenio de Miguel Mancera. Ninguno de los dos cuenta con un perfil de administración policial para un servicio de este tipo, que dentro de su misión es apoyar a la Seguridad Pública.
En lo que va del sexenio, 1993 millones de pesos ha perdido el Servicio de Protección Federal, con ingresos de 7546 millones de pesos y gastos de 9540 millones. En 2022, el SPF reporta 78 contratos para resguardar 500 inmuebles y cuentan con un estado de fuerza desplegado de 9200 elementos.
El Servicio de Protección Federal sufre de los mismos vicios de las empresas del Estado, que perfectamente pueden contratar a empresas privadas que a corto y mediano plazo son más baratas y con mayor eficiencia; la muestra es que las embajadas más importantes, las que requieren servicios de primer nivel, contratan a empresas privadas.
El Servicio de Protección Federal (SPF) tiene 13 años de ejercer una tarea integral de seguridad pública para proteger los bienes de la nación y sobre todo, a las personas, servidores públicos y ciudadanos que las utilizan, dijo el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Mejía Berdeja apuntó que el SPF tiene un papel importante, ya que trata de blindar las instalaciones de cualquier acto ilícito o de cualquier amenaza, además que sus elementos son auténticos policías que enriquecen el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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