Bajo fuego

Detrás de cada tragedia minera hay una historia de explotación laboral.

11 de agosto, 2022

Paola Felix Diaz

La industria minera en México ha sido un negocio muy redituable en donde sus dueños de la tierra han sido casi los mismos desde hace 22 años. Las tragedias ocurridas en esta industria sin duda están vinculadas a la trata de personas en explotación laboral por las condiciones en que son sometidos a trabajos forzados bajo mínimas condiciones de seguridad.

Estamos hablando del periodo en que las políticas económicas del pasado le dieron a la industria minería su mayor auge concesionando la tierra y, nos referimos en particular, al periodo en que se otorgaron mayores concesiones para este sector, es decir, entre el 2000 y 2018, cuando los gobiernos concedieron 19 808 autorizaciones mineras que se encuentran vigentes y en beneficio de los mismos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Y ¿quiénes se han llevado el mayor número de concesiones mineras? Hablamos de tres grandes corporativos: Industrias Peñoles, Grupo México y la inglesa Fresnillo PLC que también mantiene una alianza con las empresas de Grupo México o las canadiense Pan American Silver y First Majestic, dos de las seis que poseen el 60% del oro mexicano, consideradas las más ricas de nuestro país, de acuerdo con la revista Forbes, y beneficiados con los manejos aquellas políticas económicas que se implementaron en donde además están coludidos muchos políticos.

Detrás de la segunda está el caso de Pasta de Conchos (Coahuila) donde el 19 de febrero de 2006 sucedió uno de los mayores accidentes fatales de la minería mexicana que abandonó a 65 mineros después de ser sometidos a trabajos forzados y sin las más mínimas medidas de seguridad, simplemente los dejaron enterrados a 490 metros de profundidad.

Ahora, la historia se repite en Sabinas, en el mismo estado, en una minera de carbón y a 60 metros bajo tierra en donde las condiciones son similares como manifiestan sus familiares: explotación laboral, trabajos forzados, sin las mínimas medidas de seguridad por lo que ahora su rescate se ha convertido en la prioridad de la presente administración federal tras el abuso y la ambición de los mismos empresarios de antes que recibieron beneficios de los funcionarios pasados.

Es evidente que estas personas están sometidas a la explotación laboral ya que solo trabajan con un casco, una lámpara y unas botas que aguanten, sin seguridad social, sin ninguna prestación, sin seguro contra riesgos, solo por necesidad, por 2500 pesos a la semana, cinco horas diarias a más de 60 metros bajo tierra y con temperaturas que llegan a 50 grados, el mismo infierno, además de que lo hacen en parejas, para ganar de 100 a 150 pesos por tonelada.

Estamos hablando de dos tragedias que retratan la realidad de los trabajadores mineros, que fueron olvidados por empresarios y autoridades y que refleja el concepto contemplado en las leyes con respecto a la Trata de Personas: “El trabajo forzoso puede entenderse como el trabajo o servicio que se realiza en beneficio de un tercero, valiéndose del uso de la fuerza, amenaza y/o coerción física”.

En este sentido, de acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sus víctimas son principalmente hombres y representan el 85% de estos en la modalidad de la trata de personas.

Si bien es cierto que esta situación es la que viven día a día jornaleros agrícolas que viajan de estado en estado o migran a Estados Unidos y Canadá en busca de mejores ingresos, también involucra a hijas e hijos que también trabajan en el campo o en la industria minera en condiciones inhumanas y sin acceso a los servicios básicos de salud o educación, como ahora, queda plasmado, en las minas de fuego.

Contacto: @larapaola1

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