El montaje de la “Verdad Histórica” dejó mucho que desear. De entrada se trató de una flagrante violación a los derechos humanos. De las nuevas investigaciones que realizó el gobierno federal, se desprende la presunción de una asociación delictuosa donde no solo se torturó y asesinó a los estudiantes, sino que también se atormentó emocionalmente a sus familias y a la sociedad en general.
En el extenso informe presentado se puede apreciar quiénes participaron y se pusieron de acuerdo para ocultar la verdad con la fabricación de hechos mediante torturas para conseguir declaraciones falsas que pudieran esconder aquellos asesinatos de estudiantes bajo la percepción de que se trata de “chavos revoltosos”.
Este hecho nos hace recordar dos crímenes de gobiernos pasados en lo que el entonces partido en el poder podría haber ocultado también la verdad. Uno fue la masacre de Aguas Blancas en Guerrero en 1995, donde fueron asesinados 17 campesinos; el otro, la matanza de Acteal, en 1997, donde un grupo paramilitar vinculado al gobierno estatal asesinó a 45 indígenas tzotziles.
La salida fácil fue la renuncia del gobernador de Guerrero Rubén Figueroa en el primer caso y la caída del secretario de Gobernación Emilio Chuayffet en el segundo, acciones que sirvieron para aplacar a la sociedad y mandar un mensaje de que todo estaba aclarado y que se tenía a los verdaderos responsables.
Pero la realidad se repitió con un régimen similar de autoritarismo podríamos decir y con otro hecho sangriento: la masacre del 27 y 28 de septiembre de 2014 en el caso Ayotzinapa. Sin duda, el propio titular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, se autoinmoló al señalar que era el responsable directo de la investigación, y sus argumentos lo llevaron hoy a prisión.
Pero además no actuó solo, lo hizo con la complicidad del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón, acusado de desaparición forzada y tortura precisamente por el caso Ayotzinapa. Se refugió en Israel, país que, por cierto, se ha convertido en un paraíso para mexicanos inculpados aprovechando que México no tiene convenio de extradición con esa nación.
El exfuncionario, por cierto, enfrenta, además, otras acusaciones por el desvío de 1102 millones de pesos de la partida del presupuesto de la extinta PGR que estaban destinados a gastos de seguridad pública. En este hecho también podría estar implicado su exjefe Murillo, que ahora comparte el dormitorio del tercer piso del Reclusorio Norte con el exdirector de PEMEX Emilio Lozoya Austin.
Estas detenciones y estos hechos del pasado que hoy son enfrentados con honestidad, no son otra cosa que la extinción de los usos y costumbres que ejercía la burocracia con autoritarismo para imponer su verdad escondida en los abusos del poder a partir del intercambio de argumentos huérfanos y poblados de adjetivos en donde se sobreponía la propaganda a la información veraz que se requiere en casos como estos. Con ello se buscaba confundir a la sociedad sobre lo que realmente pasaba.
Por eso es preciso que ninguna pasión política esté por encima de las investigaciones de una realidad que se quiere contradecir, por lo que es necesario que se haga un esfuerzo por despolitizar el tema y concentrarse en la realidad de los hechos para alejarla de lo que podría interpretarse como lo que no es: un cobro de facturas políticas.
Sin duda el conflicto que hay detrás de estas investigaciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es más un ejercicio transexenal que predominó en el pasado y que involucra a los poderes públicos (locales y federales, Legislativo y Judicial).
Por eso hay que enfocarse en lo que fue en realidad la masacre de finales de septiembre de 2014, en donde habrá muchos implicados. No solo fue un crimen de Estado, como ha dicho el gobierno, sino que también fue una violación del Estado mexicano a los derechos humanos.
Contacto: @larapaola1
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