En el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, el presidente plasmó, entre muchas otras cosas, la meta de eliminar las asignaciones directas en aras de la trasparencia y la honestidad, pero eso no ha pasado.
Las asignaciones directas o las invitaciones a cuando menos tres participantes deberían ser la excepción, no la norma. Según la ley de adquisiciones, el 20% de las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones deberían ser por medio de estos instrumentos y el 80% de los contratos deberían asignarse por medio de licitaciones públicas.
La COPARMEX asegura que nueve de cada 10 contratos se han asignado de manera directa, mientras que Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción asegura y corrobora con datos que la cifra de asignaciones directas e invitaciones a cuando menos tres participantes se dan en el 83% de los casos.
Hay quienes se respaldan en la pandemia para justificar estas cifras y argumentan que la compra de equipo y medicamentos ha elevado estos porcentajes, y puede ser, pero basta recordar la fallida compra de 20 ventiladores por los que se habían pagado 30 millones de pesos y cuyo valor real no superaba los 300 000 pesos y la falta de medicamentos oncológicos por la que se han visto afectados muchos niños.
Pero hay dependencias que nada tienen que ver con el manejo de la pandemia y han asignado miles de millones de pesos de manera directa. Por ejemplo: Diconsa. Ha asignado poco más de 3000 millones de pesos de manera directa en 368 contratos; Guardia Nacional: casi 2100 millones de pesos en 4 contratos; la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz adjudicó, de manera directa, una obra de 4000 millones de pesos a Grupo INDI, la empresa que construyó el primer el segundo piso cuando la Ciudad de México era gobernada por AMLO.
Si se pregona la erradicación de la corrupción habría que actuar en consecuencia y ser totalmente transparentes con la asignación de contratos por parte del gobierno.
El hecho de que más del 80% de los contratos se asignen de manera directa o con invitación a cuando menos tres participantes, no abona nada a la erradicación de la corrupción, pues desconocemos las motivaciones para asignar esos contratos a las empresas que finalmente se vieron beneficiadas.
No en todos los casos se justifica la urgencia de contratación, por lo que habría que diferenciar bien los casos y evitar la opacidad. Como dije al principio, en el Plan nacional de Desarrollo 2019 – 2024 se estableció que las adjudicaciones directas iban a desaparecer. Lo malo es que no dice cuándo.
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