El despliegue de la red 5G en México avanza, pero a paso lento. No por falta de capacidad técnica, sino por una política fiscal que ahoga la inversión y una regulación que castiga más la innovación que la recompensa. El análisis publicado ayer por Nicolás Lucas-Bartolo en El Economista lo deja claro: los operadores están atrapados entre impuestos abusivos, márgenes reducidos y un Estado que parece estar más preocupado por recaudar que por promover la competitividad digital.
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