Un juez acaba de dictar prisión preventiva oficiosa a tres personas acusadas de participar en el secuestro de cinco ciudadanos de la India en Ciudad Juárez. El caso es grave. Secuestrar migrantes es una de las formas más brutales de violencia: se aprovecha de personas en tránsito, sin redes de apoyo y con poca posibilidad real de defenderse. Nadie debería minimizar eso.
Pero precisamente por eso el debate importa. Cuando el Estado responde a un caso grave con una medida automática, lo que parece firmeza puede convertirse en simulación.
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