En 2014 se impuso un impuesto de un peso por litro a los refrescos con el supuesto objetivo de reducir el consumo de azúcar y disminuir los casos de obesidad y la diabetes, pero lo que realmente sucedió fue distinto: el consumo apenas cayó 6% en el primer año —9% en los hogares más pobres— y después se recuperó gracias a la mercadotecnia de las refresqueras.
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