Aunque presentadas como avances tecnológicos para proteger a la población, estas medidas despiertan fuertes críticas por su potencial para consolidar un sistema de vigilancia masiva. Organizaciones de derechos humanos, especialistas en privacidad y ciudadanía alertan: más que herramientas de seguridad, estas reformas colocan al Estado en posición de vigilar cada paso de la población.
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