Entre la clase empresarial crece la preocupación por dos hechos: la reforma a la Ley de Amparo en materia fiscal y el plan del SAT para realizar 16,200 auditorías en 2026. Mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum promete eficiencia recaudatoria, muchos perciben una ofensiva más política que técnica, orientada a cobrar primero y permitir la defensa después.
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