La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer la actualización de su ambicioso Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, con metas claras que lo diferencian de sexenios anteriores. Su promesa de construir un millón de viviendas en seis años parece modesta frente a los 3.9 millones de Enrique Peña Nieto, los 3.7 millones de Felipe Calderón, los 3.1 millones de Vicente Fox y los 2.5 millones de Ernesto Zedillo, pero el enfoque social y de inclusión de este plan son su verdadera apuesta. Sin embargo, considerando que el déficit habitacional actual se estima entre 2.4 y 9 millones de viviendas, dependiendo de la definición de déficit que se utilice, el desafío es significativo.
El programa busca atender a grupos históricamente olvidados: mujeres jefas de familia, madres solteras, población indígena, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y familias en riesgo. No se trata solo de construir casas, sino de mejorar y ampliar 450,000 viviendas ya existentes para elevar la calidad de vida de sus habitantes. Además, congelará saldos y mensualidades de dos millones de créditos hipotecarios otorgados antes de 2013, un respiro para tantas familias que apenas pueden cubrir sus gastos básicos.
La idea suena bien, pero el reto está en la implementación. Lograr una coordinación efectiva entre los niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- es una meta que, hasta ahora, pocos han alcanzado en México. Las mesas de coordinación que se plantean son una solución en teoría, pero la experiencia nos ha mostrado que demasiadas manos en la ejecución tienden a desorden y poca eficiencia. ¿Será distinto esta vez?
El programa también enfrenta un problema grave y constante: la inflación en el sector construcción. Entre 2021 y 2023, el precio de materiales como acero y cemento subió más del 10% anual, encareciendo todo. Este incremento, impulsado por la depreciación del peso y la inflación global, amenaza con afectar el presupuesto del plan. Aunque la presidenta ha anunciado medidas para estabilizar el mercado de materiales, la proyección para 2024 aún indica un aumento del 7-8% en costos. Cada peso invertido rinde menos, y la meta de un millón de viviendas se vuelve aún más difícil de alcanzar.
Otro punto crítico es la regularización de terrenos, especialmente en áreas ejidales. Sin terrenos legalmente adecuados, ni el mejor plan de vivienda será exitoso. La complejidad de regularizar propiedades en zonas ejidales y resolver conflictos legales alarga el proceso y retrasa el acceso a viviendas para quienes más las necesitan.
La comparación con administraciones anteriores revela un enfoque diferente. Peña Nieto promovió una urbanización rápida y desordenada; Calderón, aunque aumentó el número de viviendas, alentó una expansión sin control. AMLO redujo la meta de construcción a 1.5 millones y enfocó su plan en vivienda social, aunque las limitaciones presupuestarias restringieron sus resultados. El nuevo gobierno parece haber aprendido de estos errores, priorizando un enfoque social sobre uno meramente cuantitativo.
El Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar es un esfuerzo necesario y loable, pero solo el tiempo dirá si alcanzará sus metas o si sucumbirá ante los obstáculos estructurales y económicos de siempre.
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