El Centro de Estudios Espinosa Yglesias publicó un plan integral para atender las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19 en México.
El reconocido Centro de Estudios estima que las consecuencias económicas y sociales de la pandemia serán de magnitudes significativas. Para México, los pronósticos de varias instituciones del sector financiero son de una contracción del PIB que varía de 1.6 % hasta el 7 %, con un promedio de 3.4 %. Con dicho promedio, el decrecimiento del ingreso per cápita sería de 4.5 %. Además, dada la estructura factorial identificada por el INEGI, se espera una reducción del total de las remuneraciones a asalariados, formales e informales del 1 % del PIB.
Las autoridades monetarias y el gobierno mexicano han anunciado algunas acciones económicas. En política monetaria, el Banco de México redujo 50 puntos base la tasa de referencia y amplió las subastas de dólares para tratar de estabilizar el mercado cambiario. En cuanto a la política fiscal, la Cámara de Diputados aprobó eliminar el superávit primario de 0.7 % del PIB para ampliar el gasto público. Además, el gobierno federal adelantó partidas de gasto —en especial al sector salud— y transferencias de ingreso. También se anunció un esquema de un millón de créditos a pequeñas y medianas empresas por un total de 25 mil millones de pesos.
En opinión del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, las acciones antes descritas aún son limitadas. Son varias las medidas propuestas por este Centro de Estudios en su plan integral para atender las consecuencias económicas de la pandemia, aquí sólo señalamos algunas:
•Reasignación de recursos para medidas preventivas de contagio.
•Créditos fiscales y del IMSS a las empresas, condicionados a preservación de empleo por al menos seis meses.
•Subsidios temporales a empresas formales con problemas directamente asociados con la pandemia para evitar el cierre de su actividad.
•Créditos blandos de la Banca de Desarrollo a Mipymes.
•Esquemas voluntarios de renegociación de deuda con requisitos mínimos establecidos por las autoridades. El sistema financiero debe ofrecerlos a sus clientes.
Aunque el monto de los recursos necesarios para la recuperación es aún incierto, en “Consideraciones de política fiscal ante el COVID-19”, se ha estimado un costo de las medidas, que resulta factible para nuestro país, en alrededor del 2.2 % del PIB.
Sin embargo, no parece estar en el ánimo presidencial considerar medidas como las propuestas. Así, el pasado 5 de abril del 2020, en lo que se denominó el “Informe trimestral del presidente de la República al pueblo de México”, Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional señaló: “Vamos bien, pero no nos confiemos, sigamos cuidándonos en casa, como somos los mexicanos; de manera fraterna, sigamos cuidando a nuestros adultos mayores, a nuestros enfermos; desgraciadamente todavía falta tiempo y, según los especialistas, la parte más difícil de la epidemia está por llegar”. Como señaló en su portada El Financiero al día siguiente: “Apuesta López Obrador a seguir con lo mismo”.
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