El pasado 7 de octubre del 2019, los taxistas de la Ciudad de México y de varios estados del país protestaron en contra del servicio de transporte de pasajeros a través de aplicaciones en empresas como Uber, Beat, Bolt, Cabify, Didi, Laudrive, etc.
El Movimiento Nacional de Taxistas señaló en sus redes sociales que actualmente las empresas del servicio de transporte a través de aplicaciones están violando el art 6 de la Ley de Inversión Extranjera y, en el caso de la Ciudad de México, la Ley de Movilidad en sus artículos 258 y 260.
Hay que recordar que la Ley de Inversión Extranjera establece que la inversión en el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería, está reservada de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros.
Por otra parte, en la Ley de Movilidad se señala que comete el delito de transportación ilegal de pasajeros o de carga, el que, sin contar con la concesión o permiso expedidos por la Secretaría de Movilidad de la CDMX para tales efectos, preste el servicio público, privado o mercantil de transporte de pasajeros o de carga.
Además, se sancionará con pena privativa de libertad de tres a seis años y multa de setecientos a mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, a quien dirija, organice, incite, induzca, compele o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio público de transporte de pasajeros o de carga, sin contar con la concesión correspondiente.
Con motivo de la protesta de los taxistas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó un dispositivo de seguridad y vialidad, con más de 1,250 elementos desplegados en diferentes puntos de la Ciudad de México. Pero no se evitó el caos y la molestia de muchos capitalinos.
Esta situación motivó que interviniera la Secretaría de Gobernación por medio del Subsecretario de Gobierno, el Mtro. Ricardo Peralta Saucedo. Afortunadamente con buenos resultados. Luego del diálogo que sostuvieron autoridades de la CDMX, el Estado de México, del propio gobierno federal y representantes de taxistas llegaron a varios acuerdos.
Animal Político sintetiza muy bien los cuatro acuerdos alcanzados. Uno de los acuerdos es establecer una ruta jurídica con la participación de varias instancias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México, para determinar si son legales o no los servicios que proporcionan las empresas de transporte con aplicaciones.
Otro de los acuerdos planteados es que, si se determina que el uso de aplicaciones es legal para el transporte privado de pasajeros, se construya una aplicación genérica, que funcione para todos los taxis y de esta manera todos puedan sumarse en igualdad de condiciones.
Un tercer acuerdo es armonizar la legislación de manera que en todas las entidades y municipios del país se desarrollen todas las actividades relacionadas con transporte público y privado de manera que exista igualdad de condiciones para competir.
Por último, los taxistas exigen que igual que ellos, las empresas del servicio de transporte de pasajeros a través de aplicaciones se regulen y cuenten como ellos con una concesión.
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