Nuevo Amanecer: La situación financiera de las Universidades Públicas Estatales

El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado impartirá y...

16 de octubre, 2019

El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Integralia Consultores, con el patrocinio de la Secretaría de Educación Pública, realizó el estudio titulado “Planeación, Programación y Rendición de Cuentas del Presupuesto de las Universidades Públicas en México: Razones, Resultados y Retos”. El coordinador general del estudio fue el Dr. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. En este estudio se señala que, en las últimas décadas, los institutos de educación superior en México se duplicaron, al pasar de 2,123 escuelas en 1990 a 5,455 en 2017. La matrícula y el personal docente de educación superior también crecieron exponencialmente. Los centros que integran este sistema se clasifican en Universidades, Institutos tecnológicos, Centros públicos de investigación Conacyt, Escuelas normales públicas y otras instituciones.

Entre las instituciones de educación superior destacan las Universidades Públicas Estatales (UPES) que son las que atienden al mayor número de estudiantes. Durante el ciclo 2017-2018, atendieron a una matrícula de un millón 199 mil 231 alumnos que representan el 26.3% de los todos alumnos inscritos en educación superior.

Las UPES son organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales, dotados de autonomía. Hay en la Subsecretaría de Educación Superior registradas 34 UPES en el país. Son una por cada entidad, excepto en la Ciudad de México, y los estados de Chihuahua, Campeche y Sonora que cuentan con dos.

Las UPES se financian, principalmente, a través de recursos públicos. El modelo de financiamiento se conforma de transferencias federales, estatales y de ingresos propios. En los últimos años, el presupuesto total de las UPES ha presentado una tendencia a la baja. Mientras que la matrícula y el personal docente y administrativo de las UPES han crecido, en promedio, 3.5% anual entre 2014 y 2017, el presupuesto ha disminuido 11% anual, en términos reales, durante el mismo período de tiempo.

El principal capítulo de gasto para las UPES es el pago de sueldos y salarios que, en el año 2017, representó el 73.22% del gasto total (2,190.9 millones de pesos). La problemática del gasto en servicios personales se torna aún más compleja en algunas universidades, como la de Morelos, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, entre otras, ya que este rubro representa más del 100% del subsidio público ordinario, destinado para ese fin. Para cubrir los gastos de nómina, estas universidades deben recurrir a fondos extraordinarios y a ingresos propios, recursos que en los últimos años han disminuido considerablemente.




Por lo anterior, se concluye que el actual modelo de financiamiento y gasto de las Universidades Públicas Estatales (UPES) es insostenible. Para resolverlo, es necesario definir reglas claras para la asignación de recursos públicos; comprometer a las UPES a incrementar sus ingresos propios; frenar el incremento desordenado de salarios y prestaciones; y reformar el esquema de pensiones.

Hay que hacer que las Universidades Públicas Estatales sean universidades públicas sostenibles en el largo plazo para ello se requiere de orden administrativo, disciplina financiera y voluntad política.

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