La semana pasada se comentó en esta columna el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) titulado “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.
El pasado 15 de mayo del 2020, se publicó otro Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación denominado “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”. Este Acuerdo abroga el Aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de febrero del 2017. En el Aviso se establecía la política de confiabilidad que estaba en vigor.
De acuerdo a Forbes, el pasado 12 de mayo del 2020, el proyecto de acuerdo fue rechazado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para su publicación en el DOF ante la falta de análisis del impacto regulatorio.
Pero la Secretaría de Energía, tras ser rechazado para publicarse en el DOF, envió el Acuerdo el pasado 15 de mayo.
Ese mismo día, previo a su publicación, el titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), César Emiliano Hernández Ochoa, renunció al cargo que ocupaba desde el 1 de diciembre del 2018.
El Consejo Coordinador Empresarial considera que el Acuerdo publicado es una violación flagrante al marco constitucional y legal de nuestro país. A través de este instrumento, la Secretaría de Energía usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia.
Considera que causa graves afectaciones para los proyectos eléctricos en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 000 millones de dólares.
La Delegación en México de la Unión Europea señala que la decisión del CENACE impactará negativamente 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados de la República, lo que pondrá en riesgo inversiones, incluyendo las de empresas de la Unión Europea, que superan los 6400 millones de dólares.
Por su parte, la Embajada de Canadá en México considera que Empresas como ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustainable lnvestments y Northland Power, han confiado en México como un país para sus inversiones, sin embargo, las medidas tomadas ponen en riesgo a corto plazo, inversiones por aproximadamente 450 millones de dólares, así como la creación de más de 1000 empleos.
Señala que se establecen diversas acciones y estrategias de control operativo, las cuales ponen en riesgo la operación y continuidad de proyectos de energía renovables de empresas canadienses en México.
Estas dos decisiones del gobierno mexicano son rechazadas ampliamente tanto en México como en el extranjero por las afectaciones a empresas del sector y al uso de energías limpias. De acuerdo a Cadena Política, empresas privadas relacionadas con el sector energético denuncian que la nueva normatividad puede dar paso a una elección arbitraria por parte del regulador en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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