El fuego directo sobre los programas asistenciales de Andrés Manuel López Obrador es una respuesta a la presión presidencial contra quienes no se someten a la Cuarta Transformación.
Desde Palacio Nacional no se puede ocultar el fracaso del programa “Sembrando Vida” ni la incompetencia de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, quien reconoció que solamente el 7% de la meta de reforestación se alcanzó en 2019, y 2020 muestra la misma tendencia. Esto es, de una meta de 575 millones de árboles sembrados, solamente 80 millones fueron concretados, lo que provocó que las bancadas opositoras del Congreso propongan reubicar el programa a la Secretaría de Agricultura de Víctor Manuel Villalobos Arámbula, una de las menos ideologizadas del gabinete.
Sin embargo, la reacción opositora también apunta a bajar de la tribuna electoral a John Mill Ackerman Rose, como parte del Comité de Evaluación seleccionador de los cuatro Consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ackerman fue propuesto por Rosario Ibarra Piedra (CNDH) pero se vio obligada a finales de junio a emitir un exhorto para que el académico “se conduzca con civilidad y respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, en especial de periodistas”, por la comparación que hizo con los sicarios que asesinaron a tres personas en el atentado contra Omar García Harfuch.
Esta reacción hizo patente que Ackerman no reúne la calidad ética del perfil para dicha Comisión, y ahora organizaciones de la sociedad civil reúnen firmas para impedir que el esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, integre la comisión seleccionadora del INE.
En esta guerra abierta donde el presidente no baja la ofensiva y etiqueta de electorero al reclamo de gobernadores y de partidos de oposición, por el incompetente y opaco manejo de la pandemia, la contrarrespuesta de la Cuarta Transformación consiste en iniciativas de reforma de ley verdaderamente extremas. Tan extremas que se sitúan en la quimera electoral, como la propuesta de la coordinadora morenista Martha Ávila Ventura en el Congreso de la CDMX para reformar el artículo 2398 del Código Civil, que señala que en caso de una situación emergente como un sismo, una pandemia o alguna cosa similar, los inquilinos puedan exigir la modificación del contrato de arrendamiento para cambiar las condiciones o incluso dejar de pagar.
La propuesta fue secundada por Valentina Batres Guadarrama con una iniciativa de reformas al Código Civil de la CDMX para prevenir y mitigar la ola de desalojos por la pandemia que deja en total indefensión a propietarios de inmuebles arrendados.
En el fondo se trata de charlatanería parlamentaria para aterrorizar a la oposición y a los sectores más conservadores de clase media. Desde mi punto de vista es una puesta en escena para mostrar la magnanimidad de López Obrador y que éste “se oponga” a propuestas tan extremas que dinamiten la certeza jurídica, imprescindible en los acuerdos del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Primer semestre de 2020 rompe todos los récords de violencia
Casi 100 asesinatos dolosos diarios acumulan 17 982 personas, la mayoría con arma de fuego. El nivel de violencia...
julio 23, 2020
Inseguridad y caída en índice de construcción en enero confirman baja percepción de crecimiento 2020
● De nuevo el INEGI da malas noticias, cae 1% el índice de construcción en enero, uno de los...
febrero 5, 2020
La rifa del Avión Presidencial un problema autoimpuesto / Hugo Páez
● Se complica la rifa del Avión Presidencial pero es un hecho, no una de las opciones propuestas por...
enero 30, 2020