Sí son narcoterroristas los incidentes en Nuevo Laredo

En Nuevo Laredo, el miércoles pasado, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, condenó los bloqueos a carreteras y las balaceras que...

25 de noviembre, 2019

En Nuevo Laredo, el miércoles pasado, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, condenó los bloqueos a carreteras y las balaceras que ocurrieron en esa ciudad del jueves 14 al martes 19 de este mes. El saldo fue de seis sicarios y un soldado muertos.

Dijo, entre otras cosas, que “Esa actitud que vimos hace algunos días de bloqueos que se dieron, donde utilizaron los vehículos y a los mismos ciudadanos como escudos, donde hubo violencia directa a los ciudadanos que terminaron en el hospital, no es otro síntoma más que de narcoterrorismo (…) Es un comportamiento de narco terrorismo…”.

El jueves 21, el presidente Andrés Manuel López Obrador evadió responder las dos veces que se le cuestionó sobre el asunto y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que haya terrorismo en el país.

Curiosamente, el mismo día en que el gobernador aseguró que en su estado hay narcoterrorismo, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), una ONG con sede en Sídney (Australia), difundió su Índice Global de Terrorismo 2019 (GTI por sus siglas en inglés), el cual midió el impacto del terrorismo en 163 países durante 2018.

Para que el IEP lo considere terrorista, un incidente debe presentar las siguientes características:

“1. Debe ser intencional: el resultado de un cálculo consciente por parte de un perpetrador. 2. Debe implicar cierto nivel de violencia o amenaza de violencia, incluido el daño a la propiedad y la violencia contra las personas. 3. Los autores de los incidentes deben ser actores subnacionales”.




Además, debe cumplir dos de los siguientes tres criterios:

“1. El acto violento tenía como objetivo alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social. 2. El acto violento incluyó evidencia de una intención de coaccionar, intimidar o transmitir algún otro mensaje a un público más amplio que no sea a las víctimas inmediatas. 3. El acto violento estaba fuera de los preceptos del derecho internacional humanitario”.

Al referirse a México, el GTI 2019 anota:

“México registró un aumento del 58% de actos terroristas en 2018, con un aumento notable en los ataques contra políticos. Hubo 22 ataques terroristas el año pasado, con un total de 19 muertes (…) las elecciones de 2018 en México fueron particularmente violentas, con al menos 850 actos de violencia política registrados durante el período de la campaña. El terrorismo en México generalmente ha sido contra periodistas y medios de comunicación, y estos ataques representan el 25% de los 122 ataques registrados desde 2002”.

En el GTI 2019, que califica de 0 a 10 el impacto del terrorismo en cada país (donde cero es la inexistencia de actos terroristas y 10 la situación opuesta), México ocupa el lugar 48 con una calificación de 4.08. Esto significa que hay 115 países en mejor situación que el nuestro; solo 26 obtuvieron un cero de calificación.

Lo ocurrido en Nuevo Laredo cumple con los criterios y características del IEP arriba anotados y también con la definición de lo que constituye un acto de terrorismo que se anota en el Artículo 139 del Código Penal Federal.

Con base en lo anterior, García Cabeza de Vaca no se equivocó al calificar como terroristas los incidentes que durante varios días aterrorizaron a los neolaredenses.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

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Sitio: ruizhealytimes.com

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Hasta ayer, 329 577 personas de entre 18 y 29 años estaban inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y trabajando en 354 547 centros de trabajo en donde aprenden un oficio. Cada uno de ellos recibe 4310 pesos –59 pesos más que el salario mínimo vigente– durante cada uno de los 12 meses en que es aprendiz. Después, idealmente, estarán capacitados para obtener un trabajo. Supongamos que un aprendiz concluye su año dentro del programa y encuentra empleo. Tal vez obtenga un trabajo en donde le paguen alguno de los 61 salarios mínimos profesionales establecidos para este año, que van de los 142.51 pesos para un(a) “manejador(a) en granja avícola” hasta los 317.29 para un(a) “reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa”. Así podrá ganar cada mes entre 4275.30 y 9518.70 pesos (los salarios anotados excluyen los de la Zona Libre de la Frontera Norte). Los que sepan aprovechar las oportunidades laborales que supuestamente se les presentarán por haber sido aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro, ganarán un poco menos de los de por sí raquíticos sueldos que perciben quienes egresan de una carrera universitaria. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Egresados realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM), en su primer empleo los egresados de una universidad pública o privada reciben un sueldo mensual promedio de entre 5551 a 6070 pesos. Para empeorar la situación, debido a la pandemia se han reducido las ofertas de empleo y el monto de los sueldos que se pagan, lo que significa que los jóvenes enfrentan un presente agobiante y un futuro incierto. Tal vez eso explica que muchos de ellos prefieran trabajar dentro del sector informal de la economía y buscar obtener ingresos ligeramente más altos de los que les ofrecen en una empresa establecida. 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