Procuradores inútiles

Ahora resulta que la exdirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo..

16 de noviembre, 2016

Eduardo Ruiz-Healy

Ahora resulta que la exdirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, es inocente de uno de los crímenes que se le imputan porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, integrado por los magistrados Horacio Hernández Orozco y Francisco Javier Sarabia Ascencio, la exoneró del delito de defraudación fiscal por 4,384,000 en el ejercicio fiscal 2009.

El abogado de la defenestrada y encarcelada líder sindical, Marco Antonio del Toro Carazo, informó que “el juez séptimo de Distrito de Procesos Penales [Julio Sena Velázquez] dictó en favor de la maestra, y en acatamiento a la sentencia de amparo, auto de libertad, en donde se establece que las pruebas [presentadas por la Procuraduría General de la República, PGR] son ilícitas, que se ocultó la averiguación previa de manera indebida; tres, que se debió, previo a la querella, haber notificado a la contribuyente [Gordillo] para que dentro de las facultades de fiscalización pudiera hacer las declaraciones pertinentes, por tanto la querella es invalidada”.

Añadió Del Toro que “el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito resolvió que ello constituyó una violación esencial del procedimiento de fiscalización, y por ende determinó que el juez que determinó el auto de formal prisión, debía dictar resolución donde considerará el no derecho a esa notificación, tanto a nivel prueba ilícita, como a nivel de la querella”.

En pocas palabras, la PGR y los responsables del caso violaron el debido proceso y los derechos humanos de la maestra Gordillo, quien en febrero de 2013 fue aprehendida y encarcelada por otro delito, el de malversación de fondos.

Aparentemente también los violó la entonces Jueza Séptima de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Rosa Montaño Martínez, quien el 7 octubre de 2015 consideró que había suficientes elementos que demostraban su culpabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada sin aparentemente haber molestado en asegurarse que las pruebas presentadas por la PGR fueran lícitas. Hoy la jueza Montaño despacha al frente del Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

Son responsables de encabezar este nuevo fracaso de la PGR los que fueron titulares de la dependencia, Jesús Murillo Karam (2012-15) y Arely Gómez González (2015-16) y todos los subprocuradores y ministerios públicos que laboraron bajo sus órdenes.

Y no solo en el gobierno federal se han dado procuradores inútiles; también en el gobierno de Nuevo León, ya que el lunes pasado se anunció que la ex presidenta municipal de Monterrey, Margarita Arellanes, y seis de sus colaboradores, obtuvieron un amparo del Jueza Cuarta de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, Rosa María Cortés Torres, contra su vinculación a proceso por ejercicio indebido de funciones que busca fincarle la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León que comanda otro aparente inútil, Roberto Flores Treviño.

De acuerdo a la jueza, el proceso deberá reponerse bajo los criterios que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales y no los del código estatal. O sea, que los subordinados de Flores Treviño se equivocaron rotundamente al armar el caso contra Arellanes y coacusados.

Así las cosas, que nadie se diga sorprendido cuando resulten ser inocentes todos los exgobernadores que sean acusados de malversación, fraude, robo, evasión fiscal y otros delitos.

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