La economía mexicana enfrenta una coyuntura compleja que combina presiones externas, costos internos crecientes y señales de debilidad en el mercado laboral.
El fin de la pausa de aranceles de Trump, previsto para el 29 de octubre, encarecerá significativamente las exportaciones automotrices, agroindustriales y de autopartes, pilares de la economía nacional. Estos gravámenes fueron inicialmente una medida temporal para presionar a México por motivos migratorios, pero su restablecimiento afectará de lleno la competitividad y las cadenas de suministro del T-MEC. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca una nueva negociación con Estados Unidos, aunque las expectativas son bajas ante la rigidez proteccionista del gobierno de ese país.
A nivel interno, las consecuencias ya se sienten en el empleo. El IMSS reportó la pérdida de 34,000 empleos formales en septiembre, principalmente en manufactura, construcción y servicios. Aunque el Banco de México redujo la tasa de referencia a 7.50% el 25 de septiembre, el costo del crédito sigue siendo elevado y limita la expansión de las empresas. Hacienda confirma además un menor ritmo de gasto público, mientras el INEGI señala que la informalidad laboral ya rebasa el 54%, impulsada por la subcontratación ilegal y la falta de incentivos para mantener empleos formales.
El costo de sostener el empleo formal también se ha disparado. De acuerdo con la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el aumento de cuotas al IMSS, los nuevos impuestos locales y los ajustes al salario mínimo han elevado en promedio 50% los costos laborales durante 2025. Las pymes, que generan el 70% del empleo nacional según el Censo Económico 2024, enfrentan una doble presión: menor consumo interno y mayores obligaciones fiscales. El CCE pidió medidas de alivio y deducciones fiscales, pero hasta ahora no ha recibido respuesta del gobierno.
La estructura productiva mexicana enfrenta así un doble frente de presión: uno externo, derivado de la política comercial de Trump, y otro interno, producto del encarecimiento de la formalidad. El Indicador de Confianza Empresarial del INEGI cayó 1.7 puntos en septiembre, reflejo de la preocupación del sector privado por la combinación de incertidumbre comercial y aumento de costos. El resultado es visible: menos empleo formal, más economía informal y un entorno de inversión adverso.
Para evitar que esta combinación de factores derive en un ciclo de más bajo crecimiento y precarización estructural, la presidenta necesita equilibrar su política social con una agenda económica flexible. Informes recientes de la OCDE y el Banco Mundial recomiendan impulsar la inversión privada garantizando estabilidad regulatoria, acelerar la ejecución de obra pública, simplificar trámites y ofrecer estímulos fiscales a las pymes. Hacienda, en su Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, coincide en que elevar la productividad y la capacitación técnica es clave para sostener mejores salarios sin asfixiar a las empresas.
Solo mediante una estrategia que combine certidumbre jurídica, disciplina fiscal y diálogo con el sector productivo, el gobierno podría amortiguar el impacto de los aranceles y evitar que la actual vulnerabilidad laboral se convierta en un estancamiento prolongado.
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