El golpe contra una red de huachicol fiscal exhibe la contradicción de una de las decisiones que Andrés Manuel López Obrador defendió como emblema de su sexenio: entregar el control de aduanas y puertos a las Fuerzas Armadas. En julio de 2020 anunció: “… las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina y lo mismo en el caso de los puertos del país para que haya seguridad”. Justificó la medida por “el mal manejo, la mala administración del puerto, la corrupción, el contrabando y la introducción de droga”. Y la remató con: “… es un asunto de honestidad”. Añadió que “Los puertos marítimos, desde hace mucho tiempo, son enclaves de corrupción”.
Un año después aseguró que todas las aduanas fronterizas y marítimas pasarían definitivamente a Sedena y Marina. Y el 3 de septiembre de 2024, casi al final de su mandato, defendió así su decisión: “Si se ha avanzado muchísimo en el combate al contrabando en las aduanas, fue una de las mejores decisiones que tomé como presidente… ¿Resultados? Combate al contrabando y combate al narcotráfico”.
El domingo pasado, al anunciar las detenciones de los integrantes de una organización que se dedicaba al huachicol desde la Marina, el fiscal Alejandro Gertz Manero recordó que el secretario de Marina de AMLO, Rafael Ojeda, presentó una denuncia “hace dos años”, es decir en septiembre de 2023. Esto abre un dilema: o López Obrador supo de la red de corrupción y prefirió callar, o bien Ojeda decidió no informarle y dejar el caso en manos de la FGR. En el primer escenario, AMLO lo ignoró; en el segundo, Ojeda ya no confiaba en su jefe.
La FGR confirmó la detención de 14 personas: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, exsecretario particular y sobrino político del exsecretario Ojeda, dos capitanes de navío, un capitán de fragata, cuatro funcionarios y tres funcionarias de Marina. Entre los civiles está el exjuez federal Anuar González Hemadi, recordado por exonerar en 2017 a los jóvenes conocidos como Los Porkys de Veracruz, acusados de violar a una menor de edad, decisión que le valió repudio nacional y la pérdida de su cargo.
El golpe alcanza también al contralmirante Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante detenido, hoy prófugo. Y la lista se extiende a empresarios como el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, socio mayoritario de Ingemar, S.A. de C.V., empresa vinculada con el mayor decomiso de diésel ilegal en Coahuila. La FGR contempla una orden de aprehensión en su contra, aunque él niega cualquier vínculo.
La institución que AMLO presentó como garante de honestidad resultó penetrada por la misma corrupción que debía erradicar. El contraste es brutal: la “limpieza” prometida en 2020 terminó por mostrar, en 2025, que las Fuerzas Armadas tampoco son inmunes al contrabando. El discurso se estrella contra la evidencia: vice y contra almirantes, capitanes y funcionarios convertidos en cómplices del huachicol. Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum promete que no habrá impunidad, queda claro que militarizar aduanas y puertos, lejos de blindarlas, solo trasladó la corrupción a una institución que hasta ahora gozaba de prestigio y admiración.
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