Leyes inútiles

Los líderes de las tres fracciones más importantes de la Cámara de Diputados –PAN, PRD y PRI- anunciaron ayer con bombo y platillo que la Comisión de Puntos Constitucionales de...

25 de febrero, 2015

Eduardo Ruiz-Healy

Los líderes de las tres fracciones más importantes de la Cámara de Diputados –PAN, PRD y PRI- anunciaron ayer con bombo y platillo que la Comisión de Puntos Constitucionales de dicho órgano legislativo por fin acordó aprobar la llamada Ley Anticorrupción y que la minuta respectiva sería discutida y muy probablemente aprobada mañana por el pleno.

La Ley Anticorrupción, que en realidad consiste de varias reformas a la Constitución, la creación de varias leyes y modificaciones a otras, fue aprobada por el Senado el 13 de diciembre de 2013 y desde entonces hasta ahora los diputados no se habían puesto de acuerdo para aprobar, con sus respectivas modificaciones, la minuta que desde esa fecha recibieron de los senadores. Según los panistas y perredistas, fueron los priístas que comanda Manlio Fabio Beltrones los que se negaron a aprobarla dentro de la mencionada comisión.

El presidente de la comisión, Julio César Moreno Rivera (PRD-DF), dio a conocer lo más importante que contiene la minuta que supuestamente se aprobara hoy: la extinción de dominio se aplicará a los funcionarios que incurran en enriquecimiento ilícito; se ampliarán las facultades del Congreso para legislar en materia de combate a la corrupción; se expedirá la ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional para Combatir la Corrupción; se creará el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que sancionara las faltas graves; se expedirá una ley general que reparta competencia entre los órdenes de gobierno en materia de responsabilidad administrativa; los Tribunales de Justicia Administrativa estatales castigarán a funcionarios y particulares culpables de actos de corrupción mediante la inhabilitación para participar en adquisiciones, servicios, obras, y hasta la disolución o intervención de la empresa, así como el resarcimiento ocasionado al erario; se incrementará a por lo menos siete años la prescripción de actos u omisiones de responsabilidad administrativa graves; se le darán facultades exclusivas de la Cámara de Diputados para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF); se eliminarán de la Constitución los principios de anualidad y posterioridad para que la ASF revise en tiempo real los gastos gubernamentales; se le otorgarán poderes de atracción a la ASF para que pueda investigar las finanzas estatales y municipales; será una mayoría de dos terceras partes de la Cámara de Diputados la que designe a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos; el secretario de la Función Publica será propuesto por el presidente de la república y ratificado por el Senado.

Suena muy bien lo que ayer anunció Moreno Rivera, así como suenan y se leen muy bien la Constitución y la mayoría de las leyes que de ella emanan. Pero no olvidemos que en México el problema no es la carencia de leyes, normas, códigos y reglas sino la aplicación discrecional de las mismas por parte de los encargados de hacerlas cumplir. Ahí están las ignoradas leyes secundarias de la Reforma Educativa que aparentemente son materia de negociación entre la Secretaría de Gobernación y los maestros que se oponen a dicha reforma.

Mientras la Constitución y las leyes no se cumplan al pie de la letra y se apliquen sin distingos, mientras haya mexicanos poderosos y privilegiados que estén por encima de las leyes, éstas serán inútiles para sacar al país del agujero en que se encuentra.

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