Varias veces el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no está de acuerdo en que sus cinco predecesores inmediatos en el cargo sean juzgados por los supuestos delitos que cometieron mientras fueron presidentes de México.
Sin embargo, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña harían bien en preocuparse porque si bien AMLO dice que no le gustaría someterlos a algún tipo de juicio, ayer nuevamente dijo que “solo presentaríamos denuncia contra los expresidentes si los ciudadanos nos los piden (…) solo en el caso de que los ciudadanos reúnan las firmas para que se lleve a cabo una consulta y la gente decida si se presenta denuncia (…) contra todos los expresidentes del periodo neoliberal, los que causaron la tragedia nacional”.
¿Y de qué sería acusado cada uno, según Andrés Manuel? Ayer fue claro al respecto: “… Salinas ¿por qué Salinas?, porque entregó los bienes de la nación a particulares, a sus allegados; a Zedillo, ¿por qué a Zedillo?, porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, estamos pagando esa deuda y desgraciadamente se va a seguir pagando, estamos hablando de dos billones de pesos; luego Fox, por traición a la democracia, por delito electoral; el caso de Calderón por declarar la guerra al narcotráfico al mismo tiempo que se protegía a uno de los grupos de la delincuencia organizada, como es de dominio público, el señor García Luna que está preso en Estados Unidos; en el caso del expresidente Peña, pues lo de PEMEX, este asunto y otros”.
Para realizar la consulta mencionada por AMLO, se requeriría, de acuerdo con la Fracción III del Artículo 12 de la Ley Federal de Consulta popular, que la soliciten “los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores”.
Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 5 de la mencionada ley, antes de que un grupo de ciudadanos se organice para recabar dichas firmas, primero deberá convencer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el tema de la consulta solicitada, que es denunciar penalmente a los expresidentes, es de trascendencia nacional, definida ésta por el Artículo 6 de la misma ley que dice: “Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos tales como: 1. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y; 2. Que impacten en una parte significativa de la población”.
En caso de que la SCJN autorizara la solicitud ciudadana de consulta popular tendrían que recabarse 1 781 949 firmas, que representan el 2% de las las 89 097 427 personas incluidas en la lista nominal del INE. Quien crea que es fácil lograrlo, que les pregunte a los candidatos independientes a la presidencia que en 2018 no lograron obtener el mínimo de 866 593 firmas.
Es más fácil suponer que las denuncias contra uno o varios expresidentes las hará la Fiscalía General de la República cuando las encuestas muestren que la mayoría de los mexicanos dejó de aprobar la gestión de AMLO.
Someter a juicio penal a un expresidente, algo nunca visto en México, le daría mucha popularidad a Andrés Manuel.
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