Los 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ayer demostraron que el Poder Judicial de la Federación es independiente y autónomo al declarar inválida, por ser anticonstitucional, la llamada “Ley Bonilla” que los corruptos integrantes de la anterior legislatura de Baja California (BC) aprobaron para ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno del gobernador mexicano-estadounidense de esa entidad, el morenista Jaime Bonilla Valdés.
Bonilla ganó con el 50.4% de los votos la elección de gobernador efectuada el domingo 2 de junio de 2019, proceso en donde el verdadero triunfador fue el abstencionismo, en vista de que solo votaron tres de cada 10 votantes inscritos en el padrón electoral.
Y ganó una gubernatura que solo duraría menos de dos años, en vista de que por medio de una reforma a la constitución del estado se estipuló que “el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.
Sin embargo, el 9 de julio pasado, el congreso de BC, de mayoría panista, aprobó con 21 votos a favor, uno nulo y tres en contra, otra reforma a la constitución estatal para ampliar de dos a cinco años el mandato de Bonilla.
La decisión de los diputados generó una protesta generalizada, no solo en BC, sino en todo el país. También dio origen a la expulsión de sus respectivos partidos de los diputados del PAN, PRD, PRI y MC que votaron a favor de esa reforma.
Pese a las protestas, los cabildos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate avalaron la reforma constitucional.
Luego, el Congreso local convocó a una consulta ciudadana para someter a consideración de los bajacalifornianos la ampliación del mandato. Ésta se realizó el 13 de octubre del año pasado y, a pesar de que la mayoría de los votos emitidos fueron a favor de la ampliación, careció de validez porque la Ley de Participación Ciudadana de BC señala que una consulta solo es vinculante cuando participa al menos el 20% de los electores inscrito en la lista nominal.
Contra las reformas a la constitución local que diseñó e instrumentó Bonilla se interpusieron siete acciones de inconstitucionalidad por parte del PAN, PRD, PRI, MC, PBC, CNDH e INE.
Durante la sesión de la SCJN, Zaldívar señaló que la anterior legislatura bajacaliforniana “fraguó en realidad un fraude a la Constitución”.
Con base en lo que dijo el presidente de la SCJN, cabe preguntarse si Bonilla, los diputados que aprobaron la reforma constitucional para ampliar su mandato y los integrantes de los cabildos que avalaron dicha reforma, cometieron un delito que pueda castigarse conforme a lo que señala la Ley General en Materia de Delitos Electorales u otras leyes.
Por delitos menos graves mucha gente va a la cárcel…
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